Un triunfo simbólico

Con generosidad, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner impulsó en la ONU una resolución destinada a poner fin a los atropellos de los fondos buitre que, en palabras del ministro de Economía Axel Kicillof, “es un paso importante para que ningún otro país sufra lo que sufrió la Argentina” aunque, claro está, no nos traerá beneficios concretos ya que no modificará la actitud de la Justicia neoyorquina y, de todos modos, no contó con la aprobación de Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Japón y otras potencias financieras. Aunque los gobiernos de esos países a menudo se sienten molestos por la conducta de los “buitres” y sus voceros dicen reconocer que sería mejor que desistieran de provocar problemas, no quieren que la Asamblea General de la ONU, en la que abundan los representantes de países subdesarrollados que raramente dejan pasar una oportunidad para oponerse a los occidentales, intervenga en el asunto. Preferirían dejarlo en manos del Fondo Monetario Internacional que ellos mismos dominan y que desde hace años se manifiesta muy interesado en encontrar una solución para los problemas enfrentados por países con deudas que nunca estarán en condiciones de saldar. Cuando la Argentina se acercaba al default, la entonces subdirectora gerenta del organismo, Anne Krueger, habló una y otra vez de la necesidad de crear mecanismos jurídicos para que países soberanos, lo mismo que grandes empresas, pudieran declararse en bancarrota sin correr el riesgo de que buena parte de su población cayera en la miseria, pero parecería que el tema no es tan sencillo como muchos suponen. La resolución que apoyaron 136 países, con seis en contra y una cuarentena de abstenciones, busca impedir que, como sucedió en el caso de la Argentina, un puñado de especuladores capaces de litigar durante años obstaculice la reestructuración de deudas soberanas al comprar bonos en default a bajo precio con la esperanza de, tarde o temprano, ganar mucho dinero. A primera vista, lo propuesto por nuestro gobierno, con el respaldo de muchos otros, parece muy positivo. Por cierto, de haber sido distintas las normas en diciembre del 2001, el país se hubiera ahorrado muchas desgracias causadas por más de una década de virtual aislamiento de los mercados de capitales internacionales. Con todo, si bien es probable que el FMI, respaldado por los países más ricos, termine modificando las reglas vigentes, en el corto plazo por lo menos el resultado no necesariamente beneficiaría a los habituados a acumular deudas excesivas. Por razones comprensibles, los inversores del mundo desarrollado son reacios a prestar mucho dinero a países que a su juicio podrían negarse a respetar los acuerdos so pretexto de que son ilegítimos o por afirmarse resueltos a anteponer los intereses de los sectores más pobres de la sociedad a los de rapaces especuladores extranjeros. Si repudiar deudas se convirtiera en una práctica inocua y rutinaria, a países como la Argentina que, merced en cierta medida a la vigorosa militancia antibuitre del gobierno, se las han ingeniado para adquirir la reputación de ser defaulteadores seriales por principio, no les sería del todo fácil conseguir las inversiones que necesitarían. Acreedores y deudores se enfrentan desde que el mundo es mundo. Por fortuna, ya se han ido los días en que aquellos procuraban recuperar su dinero enviando cañoneras para apoderarse de los bienes de países en bancarrota, pero ello no quiere decir que sean impotentes. En la actualidad, boicotear a los morosos les ocasiona tantos daños que los acreedores pueden limitarse a decir que a cambio de nuevas inversiones necesitarían recibir garantías lo bastante concretas para convencerlos de que les convendría arriesgarse. Parecería que lo entienden muy bien los tres candidatos presidenciales Daniel Scioli, Mauricio Macri y Sergio Massa, que ya están procurando congraciarse con los inversores más importantes de los países desarrollados. ¿Se sentirán ayudados por lo que acaba de lograr el gobierno nacional en la Asamblea General de la ONU? Puesto que su prioridad consiste en persuadir al resto del mundo de que en adelante la Argentina respetará todas sus obligaciones financieras, lo más probable es que hubieran preferido demorar la votación hasta nuevo aviso.

Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.196.592 Editor responsable: Guillermo Berto Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA Lunes 14 de septiembre de 2015