Túpac Amaru en la mira

Puede que el presidente Mauricio Macri hubiera preferido que el gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales, dejara pasar algunos meses antes de reanudar la batalla que desde hace años está librando contra Milagro Sala, pero la combativa líder de la agrupación Túpac Amaru se las arregló para virtualmente obligarlo a reaccionar al ordenar a sus huestes ocupar el centro de la capital provincial. Si bien Morales niega haber presionado a la Justicia jujeña para que Sala quedara detenida, de tal modo brindando a los kirchneristas un pretexto irresistible para redoblar su campaña en contra del nuevo gobierno nacional, no cabe duda de que haya incidido en la decisión el cambio de clima que se ha producido en la provincia a partir de las elecciones del año pasado que pusieron fin a décadas de hegemonía peronista. Sin habérselo propuesto, Sala tuvo mucho que ver con el triunfo aplastante de Morales, que obtuvo el 58% de los votos, ya que la mayoría de los jujeños se sentía harta de la prepotencia de Túpac Amaru y de la debilidad del exgobernador Eduardo Fellner frente a un personaje que durante años disfrutó del respaldo entusiasta de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sucede que, entre los beneficiados por la tan denunciada “ausencia del Estado” se encuentran no sólo empresarios inescrupulosos, narcotraficantes y otros sujetos vinculados con el crimen organizado, sino también personas como Sala que, aprovechando las deficiencias notorias de los servicios públicos de su provincia natal, logró construir lo que muchos califican de un “Estado paralelo” supuestamente indigenista llamado Túpac Amaru. Como nos advierte el nombre elegido para la agrupación, se trata de un intento ambicioso de reemplazar las instituciones formalmente existentes en Jujuy y provincias vecinas como Salta por otras muy distintas. En parte con miras a controlar a Sala, pero también porque a veces sentía que a la Argentina le convendría experimentar una versión propia de la “revolución bolivariana” impulsada por su amigo venezolano Hugo Chávez, Cristina Fernández optó por tratar a la Túpac Amaru como si fuera un movimiento piquetero más, lo que hizo enviándole subsidios cuantiosos que, para alarma del gobernador kirchnerista Fellner, la ayudaron a consolidarse. Aunque Fellner se vio perjudicado por la necesidad de convivir con “la gobernadora” Sala, no tuvo más alternativa que la de permitirle continuar manejando lo que, según Morales, es “una organización mafiosa y delictiva”, que creció con la complicidad de políticos que, su supuesto compromiso con el sector público no obstante, han consentido la tercerización de servicios que el Estado debería brindar por entender que les resultaría provechoso. Huelga decir que, para los kirchneristas y sus aliados circunstanciales de la izquierda dura, tales detalles son lo de menos. En su opinión, Sala no es la jefa de una banda mafiosa sino una dirigente que acaba de convertirse en una presa política, víctima simbólica de la saña del gobierno del presidente Macri. Si bien es de suponer que algunos kirchneristas repudian la forma autoritaria en que la líder de la Túpac Amaru logró movilizar a muchos pobres, transformándolos en militantes, y, mientras tanto, adquirir mucho dinero para su uso personal, fue de prever que todos aprovecharían cualquier oportunidad para acusar a Morales de violar los derechos humanos de una “luchadora social” y a Macri de ser un dictador en potencia resuelto a depauperar a los trabajadores. Puesto que no les importa que Sala se haya visto denunciada por apropiarse de la friolera de 29 millones de pesos, además de liderar una organización que en los años últimos ha cometido muchos actos de violencia, no los impresionarán los esfuerzos de Morales por ayudar a las cooperativas que se registren en el sistema apolítico con el que espera reducir el atractivo de la red clientelista manipulada por la Túpac Amaru. En Jujuy, pues, se ha creado una situación extraña en la que los partidarios populistas e izquierdistas de un mayor protagonismo estatal se oponen a medidas que en teoría deberían merecer su plena aprobación, en defensa de una multimillonaria que, además de enriquecerse aprovechando las necesidades de los más pobres, ha construido una organización que forma parte del sector privado.