La normalidad duele

Para quienes viven en Capital Federal y el Gran Buenos Aires ha llegado a su fin la era de la electricidad virtualmente gratuita. Si bien en términos porcentuales los aumentos que acaban de anunciarse parecen draconianos, es sólo porque las tarifas vigentes eran tan bajas. Como muchos han señalado, para millones de hogares el costo mensual de la luz, 26 pesos, era inferior al de una hamburguesa o un pocillo de café. Según el ministro de Energía Juan José Aranguren, en los próximos meses los así privilegiados tendrán que pagar 158 pesos, monto que en otras partes del país o en el exterior sería considerado perfectamente normal aunque en diversas provincias las autoridades locales han optado por aprovechar lo que ven como una oportunidad para aumentar las tarifas a pesar de que en algunos distritos ya fueran seis o siete veces más altas que en Capital. Para suavizar el impacto de la decisión de abandonar la política de subsidios kirchnerista, el gobierno del presidente Mauricio Macri dice que casi un millón de hogares de ingresos mínimos abonarán una “tarifa social”, lo que significa que en su caso muy poco cambiará. Conforme a la legislación vigente, antes de modificar las tarifas energéticas deberían celebrarse audiencias públicas en que activistas de las asociaciones de consumidores, que propenden a pasar por alto las antipáticas realidades económicas, trataran de impedir que haya aumentos, pero Aranguren pudo argüir que no serían necesarias porque, casi diez años atrás, el gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner ya lo había hecho aunque, claro está, no tomó en cuenta los acuerdos alcanzados. De haberlo hecho, las tarifas se habrían incrementado poco a poco hasta llegar al nivel propuesto por el gobierno actual, ahorrándonos la crisis energética provocada por la falta de inversión en un sector absolutamente clave para el desarrollo del país. Sin embargo, por motivos políticos –mejor dicho, electoralistas– el gobierno kirchnerista prefirió seguir subsidiando a los porteños y bonaerenses del área metropolitana en desmedro del resto de la población del país. Se trataba de una estrategia que, dirían los humoristas, merecería la aprobación entusiasta de “Hood Robin”, ya que serviría para trasladar dinero de los bolsillos de los pobres a las cuentas bancarias de los relativamente ricos. Puede que el gobierno hubiera preferido demorar el ajuste de tarifas, ya que harán subir el costo de vida, pero parecería que se sintió obligado a tomar una decisión antipática no sólo porque aún puede culpar al gobierno kirchnerista por los problemas económicos que tiene que enfrentar sino también porque, como advirtió Aranguren, “el sistema eléctrico argentino está al borde del colapso”, ya que entre el 2004 y el 2014 los cortes de luz se ampliaron de un promedio de cinco a ocho horas hasta 30 a 35 horas, según la empresa responsable. Con todo, aunque era evidente que el sistema seguiría deteriorándose, con apagones no programados cada vez más largos, por lo menos algunos no lo atribuirán a la falta de inversiones sino a la presunta rapacidad y la ineficiencia de los responsables de las empresas distribuidoras que, a su vez, se vieron beneficiadas por subsidios. Sea como fuere, es claramente inviable un sistema en que casi todos reciben subsidios repartidos por el Estado como si fuera cuestión de su propio patrimonio, no de dinero aportado por los contribuyentes. Los kirchneristas improvisaron un sistema de subsidios extraordinariamente complicado que sus sucesores han heredado con el propósito de convencer a la ciudadanía de que su propio bienestar dependía directamente de la generosidad de los gobernantes. Puesto que de resultas de las elecciones ya no están en el poder, los partidarios del “modelo” populista intentarán hacer pensar que los ajustes que están en marcha se deben a nada más que la mezquindad del “neoliberal” Macri y los miembros de formación empresaria de sus equipos técnicos, pero parecería que la mayoría entiende muy bien que el estado precario del sector energético es consecuencia de la miopía kirchnerista y por lo tanto se resignará a que, en adelante, un mes de electricidad cueste algo más que una hamburguesa común aunque, como nos recordó hace poco el ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay, menos que dos pizzas de mozzarella.