La cultura de la protesta

Redacción

Por Redacción

Por razones presuntamente vinculadas con “el relato” conforme al cual estaba llevando a cabo una suerte de revolución progresista, el gobierno kirchnerista quería difundir la impresión de que la Argentina era una caldera efervescente a punto de estallar, de ahí su voluntad de alentar, o por lo menos tolerar, a los piqueteros y otros especialistas en cortar rutas, ocupar plazas y, a veces, escrachar a supuestos representantes de los poderes concentrados oligárquicos. Huelga decir que el gobierno del presidente Mauricio Macri no comparte la idea de que quienes creen tener motivos para adueñarse de la calle deberían poder paralizar el tránsito sin preocuparse por los intereses de los demás. En un intento de hacer compatible el derecho a protestar en público con el de trasladarse libremente de un lugar a otro en el país, ambos avalados por la Constitución Nacional, el nuevo gobierno ha propuesto un “protocolo” que, desde luego, irrita mucho a los profesionales de la protesta. Desde su punto de vista, para que las manifestaciones tengan el impacto deseado, es necesario que molesten a muchísimas personas ajenas que, esperan, reaccionarán presionando a las autoridades para que resuelvan el problema cediendo ante los reclamos de los piqueteros, sindicalistas o militantes políticos. Puede que a menudo la metodología así supuesta no funcione, pero puesto que su propia reputación depende de su capacidad para hacerles la vida imposible a los ciudadanos, están resueltos a defenderla. Para justificar su voluntad de tolerar, para entonces tratar de cooptar, a los piqueteros, los kirchneristas insistían en que en un país tan estructuralmente inequitativo como la Argentina oponerse al caos cotidiano sería terriblemente injusto, para no decir derechista o neoliberal. También les pareció positivo recordarle a la mayoría tranquila que millones de compatriotas se sentían excluidos de la sociedad de consumo y que por lo tanto le convendría aprobar el “modelo” que, según ellos, el gobierno de los presidentes Kirchner construía. Hasta cierto punto, la estrategia kirchnerista brindó los resultados previstos. Creen que al permitir que los activistas de diversas agrupaciones, algunas minúsculas, se desahogaran cortando calles, haciendo acampes, ocupando edificios y así por el estilo, impidieron que hubiera estallidos sociales en gran escala a pesar de la depauperación de sectores importantes. Puede que quienes piensan así estén en lo cierto, que el kirchnerismo, al tolerar un nivel de agitación callejera que en otras partes del mundo sería considerado inaceptable, nos haya ahorrado males mayores, pero es evidente que los macristas no coinciden. Quieren que en adelante la calle sea de todos y todas, no sólo de aquellos que la creen suya para usar como una especie de teatro. Aunque los contrarios a la idea misma de regular las protestas mediante un “protocolo” no parecen haber cambiado de actitud, las manifestaciones del miércoles pasado organizadas por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y sus aliados para protestar contra los despidos transcurrieron sin incidentes graves, acaso porque los participantes se dieran cuenta de que no les beneficiaría provocarlos. La práctica ya tradicional de tomar como rehenes a terceros al negarles el derecho a transitar libremente se basa en la convicción de que, sin habérselo propuesto, la ciudadanía terminará solidarizándose con los activistas por creer que sería mejor apaciguarlos que seguir desafiándolos. Hace algunos años, tal planteo pareció realista, pero desde entonces mucho ha cambiado. Son cada vez menos los que simpatizan automáticamente con los “luchadores sociales”. Los abusos cometidos por caciques piqueteros notorios que aprovecharon las oportunidades que les brindaban los kirchneristas para conseguir dinero manejando programas asistencialistas, la proliferación de ñoquis en virtualmente todas las reparticiones del sector público y los esfuerzos de agrupaciones como La Cámpora por colonizar el Estado con el propósito indisimulado de debilitar al sucesor de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, además de la corrupción rampante, han colmado tanto la paciencia de la mayoría que, lejos de perjudicar a Macri, protestas violentas del tipo que los extremistas más combativos quisieran organizar podrían ayudarlo a consolidarse en el poder.


Por razones presuntamente vinculadas con “el relato” conforme al cual estaba llevando a cabo una suerte de revolución progresista, el gobierno kirchnerista quería difundir la impresión de que la Argentina era una caldera efervescente a punto de estallar, de ahí su voluntad de alentar, o por lo menos tolerar, a los piqueteros y otros especialistas en cortar rutas, ocupar plazas y, a veces, escrachar a supuestos representantes de los poderes concentrados oligárquicos. Huelga decir que el gobierno del presidente Mauricio Macri no comparte la idea de que quienes creen tener motivos para adueñarse de la calle deberían poder paralizar el tránsito sin preocuparse por los intereses de los demás. En un intento de hacer compatible el derecho a protestar en público con el de trasladarse libremente de un lugar a otro en el país, ambos avalados por la Constitución Nacional, el nuevo gobierno ha propuesto un “protocolo” que, desde luego, irrita mucho a los profesionales de la protesta. Desde su punto de vista, para que las manifestaciones tengan el impacto deseado, es necesario que molesten a muchísimas personas ajenas que, esperan, reaccionarán presionando a las autoridades para que resuelvan el problema cediendo ante los reclamos de los piqueteros, sindicalistas o militantes políticos. Puede que a menudo la metodología así supuesta no funcione, pero puesto que su propia reputación depende de su capacidad para hacerles la vida imposible a los ciudadanos, están resueltos a defenderla. Para justificar su voluntad de tolerar, para entonces tratar de cooptar, a los piqueteros, los kirchneristas insistían en que en un país tan estructuralmente inequitativo como la Argentina oponerse al caos cotidiano sería terriblemente injusto, para no decir derechista o neoliberal. También les pareció positivo recordarle a la mayoría tranquila que millones de compatriotas se sentían excluidos de la sociedad de consumo y que por lo tanto le convendría aprobar el “modelo” que, según ellos, el gobierno de los presidentes Kirchner construía. Hasta cierto punto, la estrategia kirchnerista brindó los resultados previstos. Creen que al permitir que los activistas de diversas agrupaciones, algunas minúsculas, se desahogaran cortando calles, haciendo acampes, ocupando edificios y así por el estilo, impidieron que hubiera estallidos sociales en gran escala a pesar de la depauperación de sectores importantes. Puede que quienes piensan así estén en lo cierto, que el kirchnerismo, al tolerar un nivel de agitación callejera que en otras partes del mundo sería considerado inaceptable, nos haya ahorrado males mayores, pero es evidente que los macristas no coinciden. Quieren que en adelante la calle sea de todos y todas, no sólo de aquellos que la creen suya para usar como una especie de teatro. Aunque los contrarios a la idea misma de regular las protestas mediante un “protocolo” no parecen haber cambiado de actitud, las manifestaciones del miércoles pasado organizadas por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y sus aliados para protestar contra los despidos transcurrieron sin incidentes graves, acaso porque los participantes se dieran cuenta de que no les beneficiaría provocarlos. La práctica ya tradicional de tomar como rehenes a terceros al negarles el derecho a transitar libremente se basa en la convicción de que, sin habérselo propuesto, la ciudadanía terminará solidarizándose con los activistas por creer que sería mejor apaciguarlos que seguir desafiándolos. Hace algunos años, tal planteo pareció realista, pero desde entonces mucho ha cambiado. Son cada vez menos los que simpatizan automáticamente con los “luchadores sociales”. Los abusos cometidos por caciques piqueteros notorios que aprovecharon las oportunidades que les brindaban los kirchneristas para conseguir dinero manejando programas asistencialistas, la proliferación de ñoquis en virtualmente todas las reparticiones del sector público y los esfuerzos de agrupaciones como La Cámpora por colonizar el Estado con el propósito indisimulado de debilitar al sucesor de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, además de la corrupción rampante, han colmado tanto la paciencia de la mayoría que, lejos de perjudicar a Macri, protestas violentas del tipo que los extremistas más combativos quisieran organizar podrían ayudarlo a consolidarse en el poder.

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