La ancha grieta brasileña

La democracia sólo puede funcionar en sociedades habituadas a pactos en que todos ceden algo, pero en Brasil los partidarios de la presidenta Dilma Rousseff y sus adversarios han adoptado posturas tan intransigentes que es escasa la posibilidad de un arreglo que sea mutuamente aceptable. Mientras que Dilma y su antecesor Luiz Inácio Lula da Silva se afirman resueltos a aferrarse al poder cueste lo que costare, ya que según ellos cualquier otra actitud significaría cohonestar un golpe de Estado civil, otros, encabezados coyunturalmente por el juez federal Sergio Moro, quieren que se vayan cuanto antes. Aunque parecería que la oposición está ganando al incorporar a sus filas legisladores que hasta hace poco se consideraban aliados de Dilma y Lula, la solución que se ha propuesto, la destitución de la presidenta mediante un juicio político, no sería tan sencilla como muchos suponen. Acaso la eventualidad menos mala sería que Dilma renunciara “por motivos de salud” para que asumiera el vicepresidente Michel Temer, pero sucede que él también está bajo sospecha de involucramiento en el caso Petrobras, un escándalo de corrupción que afecta a muchos miembros de la clase política brasileña, lo mismo que a otros que se encuentran en la línea de sucesión. El intento de Dilma de fortalecerse haciendo de Lula el jefe de ministros le resultó contraproducente, ya que los jueces Itagiba Catta Preta Neto y Moro no son los únicos que lo tomaron por una maniobra destinada a dar fueros al expresidente para alejarse del alcance de la ley, razón por la que no vacilaron en frenar el nombramiento para que quedara en un limbo jurídico. El más perjudicado por el episodio ha sido Lula, cuya reputación se ha visto enlodada por su propia forma de reaccionar ante las acusaciones en su contra. Puede que la situación en que se encontraba luego de haber sido detenido brevemente por las autoridades judiciales bajo sospecha de “ocultación de patrimonio” y “lavado de dinero” fuera difícilmente sostenible, pero Dilma no lo ayudó al ofrecerle un cargo gubernamental con el propósito de brindarle cierta impunidad. A juzgar por las consignas que corean, para los millones de brasileños que participan de las casi cotidianas marchas masivas de protesta contra el gobierno, el tema principal, cuando no excluyente, es la corrupción. Para Dilma y sus simpatizantes, se trata de un movimiento golpista armado por los poderes concentrados locales que quieren privar al pueblo de los beneficios que le dio el gobierno del Partido de los Trabajadores. Como suele ocurrir en circunstancias como estas, todos tendrán una parte de la razón. No cabe duda de que muchos políticos se han enriquecido ilícitamente, ya que en Brasil la corrupción es tan endémica como en la mayoría de los países latinoamericanos. También es evidente que el grueso del empresariado y muchos políticos están convencidos de que el gobierno de Dilma, como aquel de Lula, es responsable de la gravísima crisis económica que está sufriendo su país y por lo tanto quisieran verlo caer. Es por tal motivo que cada traspié de Dilma se ve seguido por un salto hacia arriba de los índices bursátiles. Aunque todo hace pensar que el gobierno brasileño actual tiene los días contados, ya que cuesta creer que Dilma logre conservar su cargo hasta el 2019, las perspectivas frente a nuestro socio estratégico más importante son sombrías. Para que un nuevo gobierno pusiera en marcha un proceso de recuperación económica, necesitaría contar con la colaboración, inevitablemente interesada, de amplios sectores opositores, pero los militantes del Partido de los Trabajadores de Dilma y Lula insistirán en que fueron víctimas de un golpe urdido por la ultraderecha liberal, lo que a su entender justificaría una campaña de resistencia, con paros generales y otras medidas de fuerza destinadas a frustrar las reformas propuestas por un gobierno que en su opinión sería ilegítimo. Puesto que el año pasado la economía brasileña se achicó el 3,8% y se prevé que este año resulte ser igualmente malo, Brasil necesita desesperadamente tener un gobierno de legitimidad democrática indiscutible, pero se ha hecho tan profunda la brecha que separa a los oficialistas actuales y sus adversarios que, a menos que ocurra un milagro, lo que le aguardan son años de parálisis.