Políticamente correcto

Sobre la relación entre Argentina y Venezuela.

Redacción

Por Redacción

Editorial

Estuvo entre las principales definiciones de Mauricio Macri como jefe de Estado. En sus primeros días en el gobierno, el presidente sorprendió cuando apretó el acelerador y condenó sin medias tintas al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Macri hasta llegó a pedir que se le aplicara la cláusula democrática del Mercosur, algo que puso en un lugar incómodo a la entonces presidenta brasileña Dilma Rousseff y que frunció más de un ceño en otras naciones embanderadas con la “causa bolivariana”, como Ecuador o Bolivia. La oposición venezolana aplaudió sin reparos el gesto de Macri y el régimen de Maduro, como era de esperar, descargó toda su artillería contra él. Ahora, el escenario parece haber cambiado. Es que a pesar de su intención de mostrarse como contracara de la viejas dirigencias, el gobierno macrista terminó mordiendo el barro de la política. La sorpresiva decisión de la canciller Susana Malcorra de no apoyar la convocatoria hecha por el secretario general de la OEA Luis Almagro para que se le aplique a Venezuela la carta democrática generó sorpresa en muchos de sus pares latinoamericanos, estupor en la oposición venezolana y una sonrisa indisimulada en el mundo diplomático. Es público ya que Malcorra es una de las candidatas a presidir las Naciones Unidas y que la necesidad de reinsertar a la Argentina en el mundo se volvió casi una obsesión –legítima, desde ya– del gobierno de Macri. También es una carta de crédito para su gestión. Lo demostró con creces la visita de Barack Obama a la Argentina. Pero es sabido que la política es una balanza en la que permanentemente se pesan pérdidas y ganancias. El mayor o menor éxito político depende del mayor o menor equilibrio que se logre.

Y ahora, el anhelado sillón del edificio de la calle 46 y la Primera Avenida en Nueva York le está haciendo pagar un alto costo político al gobierno.

“Yo creía que Macri era otra cosa. Cristina al menos no era hipócrita”, disparó sin pelos en la lengua el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, el opositor Henry Ramos Allup. Para la oposición a Maduro –ya sea en Venezuela o en el exterior– fue un baldazo de agua fría que, finalmente, Malcorra se acercara más a la posición de la Unasur –un organismo intoxicado de chavismo que tendría votos claves para su postulación en la ONU– que a la que el propio Macri había planteado en el arranque de su gestión.

“Venezuela necesita resolver sus problemas a través de un camino de diálogo. Lo que necesitan los venezolanos es que las partes se sienten a dialogar”, dijo Malcorra. “Gobierno y oposición están obligados a entenderse”, había planteado hace poco el secretario general de Unasur Ernesto Samper.

Y entonces surge la pregunta: ¿diálogo con quién? ¿Con los líderes opositores encarcelados y torturados por Maduro? ¿Cómo? ¿De qué manera?

Así, la crisis venezolana entró en la lógica de lo “políticamente correcto” que siempre supo aplicar la diplomacia internacional en el mundo, mientras se sucedían matanzas, guerras civiles o genocidios, como si se tratara de debates políticos o conflictos ideológicos y no de vidas humanas pidiendo ayuda desesperada. Lo de Venezuela ya no es Maduro hablando con Chávez a través de un pajarito. Es una crisis humanitaria.

El presidente de la Federación Médica venezolana acaba de hablar de un “holocausto de la salud” en su país. Faltan medicamentos y asistencia sanitaria. La gente se está muriendo. La inflación del 2016 ya supera el 700%. El último incremento salarial de Maduro, del 30%, alcanza para comprar un huevo, pero no una empanada, según advierte el diario “El Nacional”. Los saqueos y las muertes violentas ya son moneda corriente. Días atrás, un grupo de ciudadanos se enfrentó a trompadas por una bolsa de cebolla en el Abasto de las Mercedes. En tanto, la Comisión de Contraloría del Congreso está investigando a 88 altos funcionarios chavistas a quienes acusa de haber malversado 69.000 millones de dólares. El equivalente a seis mil hospitales. “Con esto, se podría alimentar a toda la población del país por 30 años”, dijo Freddy Guevara, presidente de la Comisión. El fiel de la balanza política se inclinó demasiado hacia el lado de las pérdidas. Debería advertirlo el gobierno argentino.


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