Cruce entre los abogados de los Báez y de CFK por los negocios en común

Guerra de abogados. La causa por la adjudicación irregular y discrecional de la obra pública a empresas del detenido Lázaro Báez, aún en etapa de investigación, ya parece un juicio oral: ayer se cruzaron el defensor de los hijos de Báez, quien aseguró que “hay constancia de negocios en común” entre Cristina Fernández y el empresario detenido, y el abogado de la expresidente, quien lo tildó de disparate. “No soy su amiga ni su socia”, negó la exmandataria el lunes en su indagatoria.

“Hay constancia en el expediente de que tienen negocios en común, por lo menos conexión entre las personas jurídicas, por eso me sonó raro, pero entiendo que cada persona pueda decir lo que crea mejor”, dijo ayer en declaraciones radiales, Santiago Viola, abogado de Leandro, Luciana y Melina Báez, los hijos del empresario detenido en el penal de Ezeiza en el marco de la causa por lavado de activos, conocida como la Ruta del dinero K. “En los dos expedientes hay varias constancias de que tenían cosas en común”, ratificó Viola, y recordó que Fernández hizo esa afirmación “en el marco de una indagatoria, en la que una persona no está bajo juramento”. Agregó, además, que “lo de amiga es una apreciación personal que no se puede discutir”.

“Es otro disparate. Como no encuentran cosas concretas, establecen un criterio de que son socios a partir de que en algún momento hubo una operación comercial”, dijo Carlos Beraldi, abogado de Fernández en la causa. En línea con la declaración de su defendida, que intenta desviar la atención hacia Mauricio Macri y su gobierno, pidió sumar a la causa a Angelo Calcaterra, primo del mandatario Mauricio Macri, al opinar que “su participación en la obra pública” fue “inmensamente superior” a la del detenido empresario kirchnerista.

Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques ya solicitaron que se investigue la posible comisión de un delito en la modificación de las condiciones de la adjudicación del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, que quedó a cargo de la empresa Iecsa, de Calcaterra,

Viola, defensor de los hijos de Báez, reiteró que sus defendidos “ya no insisten” para que su padre se presente como arrepentido en la causa por presunta corrupción a través de la obra pública. Pero aseguró que “tienen mucha información por el tiempo que estuvieron tan cerca de la familia Kirchner”. No obstante, señaló que “habrá que ver si quieren, eventualmente, aportar algo o ver primero cómo resuelve la Justicia la situación procesal de ellos”.

La expresidenta está sospechada de liderar una supuesta asociación ilícita por el presunto delito de “administración infiel en perjuicio del Estado”. Los fiscales Pollicita y Mahiques la acusan junto a parte de su gabinete de beneficiar con multimillonarios contratos de obra pública en Santa Cruz a Báez, entre 2003 y 2015. Hoy es el turno de Báez de declarar ante juez federal Julián Ercolini.

La expresidenta está sospechada de liderar una supuesta asociación ilícita por el presunto delito de “administración infiel en perjuicio del Estado”.

De Vido también habla de “persecución”

El ex ministro de Planificación Julio De Vido, abandona ayer Tribunales, donde fue indagado en la causa por supuesta corrupción en la obra pública durante el kirchnerismo. Hoy diputado nacional, De Vido dijo que se pretende “criminalizar” a la ex presidenta Cristina Fernández, imputada en el caso.

“Esto es una persecución política. El gobierno quiere proscribir a Cristina porque en las encuestas hay un crecimiento geométrico de su figura sostuvo. “Pretenden cubrir con la creación y difusión de causas penales las propias deficiencias de su gestión de gobierno”, sostuvo en el escrito de descargo que presentó en la audiencia ante el juez Julián Ercolini.

“Cada obra hecha en Santa Cruz fue incluida en el presupuesto y sometida a discusión parlamentaria, y fueron licitadas, contratadas, y en su mayoría fueron ejecutadas e inspeccionadas por Vialidad provincial”, dijo.

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Tasaron la casa en Río Gallegos

Peritos del Tribunal Nacional de Tasación tasaron ayer la casa en la que Cristina Fernández de Kirchner vive en Río Gallegos, Santa Cruz. La orden fue librada por el juez Claudio Bonadio, en el marco de la causa Los Sauces, una de las sociedades de la familia Kirchner que se dedica a la alquiler de propiedades, en la que CFK es investigada por supuesto enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos.