El nuevo procurador ordena que no se repriman las protestas sociales

La CTA Autónoma de Río Negro que conduce Rodolfo Aguiar y el nuevo procurador general, Jorge Crespo, acordaron el marco judicial que se le dará a las protestas gremiales que se lleven adelante en el territorio provincial.

Los dirigentes sindicales manifestaron su euforia por lo que consideraron un cambio de paradigma en la intervención de la Procuración frente a los conflictos sociales. Sin embargo, el titular del Ministerio Público aclaró que no se trata de desincriminar la protesta “porque la protesta social nunca estuvo incriminada, sino crear un protocolo de actuación con recomendaciones para la intervención”.

Aclaró Crespo que en cualquier caso que se cometa un delito, los fiscales deberán actuar de acuerdo a las leyes vigentes. Sin embargo, admitió que se recomendará la gradualidad en el uso de la fuerza y la ausencia de armas de fuego por parte del personal policial.

En el encuentro, solicitado por los gremialistas, se analizó la constitución de un marco general para todas las investigaciones relacionadas con delitos que se produzcan en el marco de reclamos sociales y se explicó cómo será el accionar del Ministerio Público Fiscal para evitar la criminalización de la protesta.

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“He sido taxativo acerca de la violencia en el marco de estos reclamos. Estamos hablando de manifestaciones pacíficas pero, ante la presencia de grupo menores violentos o de cualquier tipo de arma o elemento contundente que estos porten, los fiscales actuarán de oficio procurando la prevención de posibles delitos y el resguardo de aquellas personas y grupos vulnerables que se encuentren presentes o próximos a la manifestación”, aclaró Crespo.

Desde el organismo judicial se está elaborando un borrador de un protocolo que será distribuido a los fiscales de toda la provincia para recomendar las estrategias de intervención en casos de conflictos, cortes de calles, movilizaciones, ocupaciones edificios públicos, entre otras formas de protesta.

Crespo indicó que “el protocolo de actuación valorará el diálogo como instancia primordial, toda vez que la función del Ministerio Público es la de procurar la defensa del orden público, los derechos de las personas y la satisfacción del interés social”.

Entre otras consideraciones que deberán ser tomadas como ejes de actuación ante algún reclamo social, se prevé una participación temprana de las Fiscalías correspondientes sin que ello implique “exceso alguno en las funciones propias y naturales”.

Crespo adelantó que pretende un fortalecimiento de la comunicación entre funcionarios judiciales y quienes pacíficamente se manifiesten “para conocer la intimidad de los reclamos” y para explicar exhaustivamente “los límites que la ley prevé en el ejercicio de estos derechos” proclamados por la Constitución Nacional, la Provincial y los tratados internacionales.

“Era hora”

La CTA Autónoma consideró un cambio de paradigma y calificó la reunión como altamente positiva.

“Era hora de que apareciera alguien que dijera desde adentro del Poder Judicial que la protesta no es delito. Destacamos la rapidez y la seriedad con la que este nuevo Procurador trabajó en un tema tan sensible”, dijo Aguiar, secretario general de ATE y de la CTA Río Negro.

Reconoció que las expresiones del Procurador “traen alivio” ya que recordó que llegó “a tener 26 causas en la provincia y todas ellas fueron armadas por fiscales adictos al poder del gobernador y los intendentes. Estas recomendaciones que emitirá el Ministerio Público sin dudas se traducirán en uno de los mayores avances contra la criminalización de la protesta”.

“Era hora de que apareciera alguien que dijera desde el Poder Judicial que la protesta no es delito”.

Rodolfo Aguiar, referente de ATE y la CTA.

Mediar y prevenir son las claves del instructivo

Desde la Procuración aseguran que el protocolo es un instructivo de cumplimiento taxativo para los fiscales, pero en su texto recomienda las formas de intervención.

Impulsa a los representantes del Ministerio Público a interiorizarse de los motivos de la protesta, entender el conflicto y actuar como mediadores para evitar el uso de la fuerza.

Propone que los fiscales intenten gestionar el conflicto.

No obstante, aclara que si estallara la violencia se deberán disponer las medidas para prevenir el delito. Cuando se habilite la participación policial como último recurso “será de manera progresiva y racional”. Se recomendará que intervengan para disuadir y no para reprimir, usando la violencia en su mínima expresión.