Llega un nuevo “blanqueo” laboral

“Nosotros no nos casamos con los proyectos, lo importante es que se discuta cómo generamos más empleo formal…” dijo el Ministro de Trabajo Jorge Triaca en referencia al proyecto de blanqueo laboral.

Cabe destacar que nuestra historia reciente registra incentivos como los que promete el proyecto de reforma laboral 2018, los cuales se vieron por ejemplo, en la Ley de Regularización Impositiva N° 26.476 del año 2008, o mediante otros mecanismos como la Ley de Promoción Laboral 26.940 en el año 2014.

Entonces, ¿el blanqueo significa verdaderamente una atracción para el empleo formal? o visto desde otro punto de vista, ¿no será que la falta de empleo registrado obedece al costo fiscal de registrar a un trabajador?

El proyecto propuesto por el gobierno consiste en la regularización de las relaciones laborales del sector privado, a excepción del empleo doméstico que está excluido.

De esta manera, la registración del trabajador, como así también la rectificación de la fecha de ingreso real y/o de la remuneración pagada, producirá los siguientes efectos jurídicos:

a) Extinción de la acción penal y liberación de las infracciones, multas y sanciones de cualquier naturaleza previstas en la ley de procedimiento tributario.

b) Baja del registro de empleadores con sanciones laborales (REPSAL).

c) Condonación de la deuda por capital e intereses por los aportes y contribuciones a la seguridad social, excepto lo correspondiente a obra sociales y ART.

El plazo para acceder a la regularización será de un año a partir de la entrada en vigencia de la reglamentación de la Ley de Blanqueo, para lo cual deberá tener presente las condiciones de condonación.

En ese sentido, si la registración de los trabajadores por su verdadera fecha de ingreso y/o su real remuneración se produce dentro de los primeros seis meses de la entrada en vigencia de la ley, el “premio” fiscal será la condonación del 100% de la deuda. En cambio, si se produce con posterioridad a los seis meses, el perdón fiscal será del 70%.

Por otro lado, aclara el proyecto que, de constatarse la existencia de personal no declarado o irregularmente registrado con posterioridad al acogimiento al blanqueo laboral, se producirá el decaimiento de los beneficios otorgados, debiendo los empleadores ingresar la proporción de la deuda condonada, más los intereses y las sanciones previstas.

Adelantándonos, de sancionarse la ley, estaremos nuevamente frente a otra oportunidad de lograr más inclusión laboral, y reducir lo que algunas consultoras privadas posicionan en el orden del 30% al 33% de empleo no registrado o informal.

Recordemos que, en oportunidad de la reforma tributaria sancionada hace apenas unos meses, el costo fiscal de los salarios no tuvo cambios significativos para el sector de las Pymes, aunque si una mejora para las grandes empresas.

Por lo pronto, de no concretarse cambios en la estructuras de los costos fiscales que asumen las Pymes en relación con sus trabajadores, el blanqueo solo permitirá aquellos que en situación extrema acudan al auxilio fiscal, pero a sabiendas que en el futuro asumirán un mayor costo laboral.

Entonces, ¿podremos atacar el problema de raíz si repetimos nuestra historia? Einstein dijo “no esperes resultados diferentes si siempre haces lo mismo”.

El proyecto propuesto por el gobierno consiste en la regularización de las relaciones laborales del sector privado, a excepción del empleo doméstico.

“Nosotros no nos casamos con los proyectos, lo importante es que se discuta cómo generamos más empleo formal…”.

Jorge Triaca, ministro de Trabajo de la Nación

Consultor Pulso