Suplantación de identidad en redes sociales: delito y amenaza a la democracia

La historia moderna y contemporánea se puede observar a partir de las regulaciones que se fueron dando las instituciones. Pero las leyes suelen ir a la zaga de la evolución técnica. Sin entrar en la discusión respecto de si la tecnología es o no neutra, es innegable que puede ser vehículo o herramienta del delito. Esto nos plantea el desafío de entender que existen nuevas conductas delictivas que necesitan ser claramente tipificadas. En virtud de esto, junto a los senadores nacionales Pedro Guastavino y Alfredo Luenzo, presidentes de la comisión de Justicia y Asuntos Penales y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, presentamos un proyecto de ley para incluir en el Código Penal de la Nación un artículo que penaliza la suplantación de identidad en el mundo virtual, con eje en las redes sociales. Proponemos además que se considere agravante del delito el hecho de que la víctima sea una persona de conocimiento público.

Es imprescindible legislar sobre la usurpación de identidad virtual debido a que existe un peligroso vacío legal en esta temática. Además, se relaciona con un incremento del tráfico de bases de datos ilegales con información privada de las personas. Esto abre las puertas para la proliferación de otros delitos como estafas, defraudaciones por medio de tarjetas de crédito, injurias a través de redes sociales y hasta delitos sexuales contra menores de edad.

Punir el delito de usurpación de identidad en la esfera virtual tiende a la protección del ciudadano. Sin embargo, esta materia tiene otra dimensión ya que implica además un riesgo para el Estado de Derecho. Esto es así debido a que la suplantación de identidad en redes sociales puede derivar en calumnias, la producción y circulación de noticias falsas, lo que, a su vez, impacta en uno de los pilares del sistema democrático: la libertad de expresión.

En el marco del debate del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que estamos dando en el Senado de la Nación, fui víctima de suplantación de identidad a través de una cuenta de Twitter que pretendía hablar en mi nombre y desde la que se difundían comentarios atroces.

La vulnerabilidad de las redes sociales en este aspecto es clara, e innegable la responsabilidad de las empresas como Twitter, Facebook y Google, por ejemplo. Las fallas pueden ser tan graves que obligan a recurrir a la Justicia, como lo hice al denunciar el delito del cual fui víctima, lo que originó una causa penal federal que está avanzando.

Sin embargo, las implicancias de este delito hay que verlas en un contexto más amplio. Fui víctima del delito resultando perjudicado moral y políticamente por el tenor de lo que publicaba el usurpador virtual. Pero también fueron víctima al mismo tiempo los seguidores de esa cuenta falsa que entendían que a través de ella se comunicaban declaraciones mías.

La contracara de esta situación es el ejercicio profesional de los periodistas, los que no inventan información, que publican datos veraces y comprobados en los medios de comunicación con editores responsables. Este delito, el de la suplantación de identidad es también un peligro para el ejercicio del periodismo. Esto ocurre en consecuencia de que lo difundido a través de cuentas falsas puede ser el vehículo de operaciones políticas que, como fue en el caso que motivó mi denuncia, afecten el debate de un proyecto de ley. La impunidad de estas acciones es un ataque claro a la representación política y al sistema democrático.

Las empresas que diseñaron y gestionan las redes sociales con el consiguiente beneficio económico deben rendir cuentas ante los fallos. Por eso deberán estar en el Congreso de la Nación cuando debatamos el proyecto de ley que impulsamos. Como tuvo que hacerlo el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, cuando en abril pasado ante el escándalo del robo masivo de datos admitió ante el Senado de Estados Unidos su responsabilidad. En la oportunidad no sólo asumió no haber hecho lo suficiente para evitar el tráfico y la utilización de datos personales de los usuarios, sino que también admitió la incapacidad de las redes sociales en lo que hace a la limitación de la proliferación de noticias falsas y discursos de odio. Ante el Capitolio Zuckerberg comprometió la colaboración de su empresa con una investigación de un fiscal especial estadounidense, así que es esperable que ese mismo espíritu de colaboración se plasme cuando citemos al Senado argentino a los responsables locales de las empresas que gestionan las redes sociales.

Es necesario legislar con un espíritu protectorio de la identidad de las personas en el mundo virtual. Vamos a avanzar en ese sentido, que es también el de proteger un pilar del sistema democrático, el de la libertad de expresión en cuyo marco los periodistas desarrollan su tarea profesional.

*Senador nacionalpor Río Negro, PJ.