Credibilidad en baja

La gestión Verani comenzó a beber tragos amargos en Buenos Aires. No todo son rosas con el amigo De la Rúa. Esta semana, el gobierno nacional estudió uno por uno los compromisos del rionegrino para reducir el déficit, condición indispensable para que la Nación lo ayude a refinanciar el capital que vence este año del inmenso pasivo provincial.

“Muchachos, esto está bárbaro, pero tráiganlo por ley”, fue -palabras más o menos- lo que escuchó el ministro José Luis Rodríguez.

Lo que la Nación pide es convertir en ley el compromiso fiscal de reducir el déficit operativo en plazos determinados.

Se trata de los 70 millones de dólares que la provincia gasta cada año por encima de sus recursos. Para el 2000, Río Negro quiere acotarlo a la mitad, no sólo a través de ahorrar gastos sino también de incrementar los ingresos.

Pero sin duda que no va a resultar fácil. El aumento en los ingresos está previsto en unos 7 millones de pesos en todo el año, y en gran medida depende de que las regalías hidrocarburíferas crezcan por el excelente precio récord internacional del petróleo y el aumento de la extracción en la provincia.

Otra mejora vendrá de usar para gastos generales la mitad de los fondos con destino específico, autorizada por la Nación. Pero el gobierno sabe muy bien que esto no hará más que blanquear un desvío de fondos que ya se hacía, y que pagar sueldos con el Fonavi o con el Fondo Vial es reducir todavía más el pobrísimo plan de obras públicas.

En síntesis, la Nación quiere ver convertido en ley el acuerdo fiscal firmado por Río Negro con el resto de las provincias. Sólo así se hará cargo de amortizar el capital de deuda que vence este año, que representa la nada despreciable suma de 150 millones.

Para hacerlo, exige que el déficit operativo de la provincia no supere la mitad de los intereses anuales de la deuda, es decir, la mitad de 89 millones de dólares.

Río Negro confía en que su buena voluntad le permitirá conseguir que la Nación incluya la otra mitad de ese déficit en la refinanciación de capital, aunque sabe que eso sólo será posible si la provincia entrega a cambio garantías sólidas.

La cuestión de las garantías no es poco. El Fondo Fiduciario existe por ley, pero por el momento no es más que una oficina, que es casi como decir una entelequia.

El equipo de gobierno mira los bienes del Estado, y hasta las tierras fiscales podrían ser motivo de una mensura masiva para ponerlas en capacidad de ser garantía de créditos. Pero por ahora, todo es a futuro. Hoy, no hay qué ofrecer.

Esto significa que el Estado no puede pagar sus deudas, transpira para cumplir sus obligaciones pero, como contrapartida, nada hace para recuperar sus acreencias, como lo muestra la laxa -o más bien inexistente- política de cobro de los préstamos del ex-BPRN. En estos días, el afán por ahorrar unos sueldos llevó al gobierno a eliminar la Coordinadora de Organismos en Liquidación, organismo que poco hizo hasta ahora y que debió ocuparse de recuperar los 100 millones de dólares que quedaron en manos de deudores morosos. Ciertamente, ésa nunca fue la intención de este gobierno.

Pero tal vez lo peor de todo el tema financiero de la provincia es el reconocimiento de que el gobierno no sabe qué hacen, cuánto gastan y en qué sus propias empresas públicas.

La más que incómoda realidad quedó evidenciada esta semana, cuando el secretario de Hacienda, Pablo Verani, admitió que sólo dos de las 14 empresas habían respondido el pedido. Nada se sabe de las cuentas de Altec, Hiparsa, Horizonte, Viarse, Aeronor, Casa Rionegrina, Edhipsa, Emfor, Río Negro Fiduciaria, Transcomahue, Canal 10 e Invap.

Aunque resulte difícil creerlo, Hacienda no conoce cuánto gastan en sueldos, honorarios del directorio, contadores, síndicos y asesores, alquileres, viáticos o gastos de representación.

Hace años que el Estado trata de mejorar su información en recursos humanos, y en la administración central pudo hacerlo a paso de hormiga a través del SIGORH. Pero las empresas se escabullen por conveniencia.

Esta semana, no fue el único escandalete que surgió en una reunión de gobierno. Otro se originó precisamente en Educación, el área más sensible del Estado:

Durante la última reunión de gabinete quedó en evidencia que Ana Mázzaro acordó con la Unter no aplicar el desdoblamiento de la zona desfavorable, modificación aprobada por ley y que rige para el resto de los mortales que trabajan en la administración pública central.

“¿Pero cómo, no habíamos aprobado una ley? Bueno, aplíquenla”, dicen que dijo Verani.

La ley 3238 determinó que el 40 por ciento de zona quede reducido al 20 por ciento. El resto, queda sujeto a rubros como presentismo o carecer de sumarios administrativos.

El tema tiene infinidad de aristas. Si no se aplica la ley a los docentes, se irritará a los empleados de otras áreas. Y su aplicación, que afectará al reconocidamente bajo salario educativo, complicará la discusión paritaria que recién está siendo planteada. En síntesis, una encerrona.