A nadie le gusta que lo investiguen

JORGE GADANO jagadano@yahoo.com.ar

Los dos se llaman José. Ni a José Manuel Requejo García, presidente de Damovo SA, ahora Daxa SA, ni a José Oser, flamante presidente de la seccional Primera del Movimiento Popular Neuquino, les gusta que los investiguen. Por esa comprensible razón, el primero se quejó ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de Neuquén de que una fiscal, Sandra Ruixo, lo esté investigando. Oser fue al mismo tribunal a protestar contra una resolución del juez de Instrucción Juan José Gago, quien había resuelto en contra de un pedido de prescripción de una causa en la que uno de los hombres del Movimiento Popular Neuquino –el otro es Carlos Sandoval– está acusado de, cuando era gerente general del BPN, haber ordenado pagos a empresas inexistentes por más de dos millones de pesos. Puede que para Oser eso no sea mucha plata, pero sí lo es para la siempre abundante cantidad de pobres que habitan en estas latitudes. Como quiera que sea, lo cierto es que ambos Josés desean alejarse del fuero penal. El de Damovo es uno de los que eligió Sobisch para repartir los 50 millones de dólares del Plan Integral de Seguridad. No voy a decir que lo eligió a dedo, ni a sugerir que quien le dio ese nombre en el 2004 fue el que era entonces su socio político, Mauricio Macri. No lo haré porque eso no sería noticia. La noticia sería que la adjudicación se hizo mediante una licitación pública pero, como es habitual en estos casos, eso no sucedió. No sé qué investiga la fiscal Ruixo, pero puedo imaginar que comparte conmigo el deseo de saber por qué, a principios del 2005, Damovo depositó unos doce millones de pesos en cuentas corrientes del grupo Temux. Requejo dijo que esos cheques fueron entregados en pago a subcontratistas de Damovo pero yo, que me disculpe, no le creo. Y no le creo porque estuve en Buenos Aires una semana buscando a esas tres empresas en domicilios y teléfonos que me alcanzó el diputado Ariel Kogan, y no las encontré. ¿Por qué Damovo, que nunca tuvo nada que ver con Temux, de pronto va a la sucursal Buenos Aires del BPN y, como si se tratara de un acto de solidaridad empresaria, deposita toda esa plata en cuentas de la cuestionada Temux? Me hago otra pregunta: ¿a dónde, a qué bolsillo, fue a parar esa plata? No creo que pueda saberlo Jorge Sobisch, entonces demasiado ocupado en gobernar la provincia y en financiar su campaña electoral, la más cara de todas si se la mide por la cantidad de votos que obtuvo. Sé que, a fines del 2004, a él le pareció bien el plan que le llevó Juan Pablo Bugner para financiarle a Temux el pago de su deuda con el banco, que en total rondaba los 20 millones de pesos. Naturalmente, a Requejo le preocupa esta investigación, pero se equivoca en pedir que lo sobresean porque lo que Ruixo quiere saber, desde hace un tiempo, es si hay motivo para acusarlo. Si lo hay, la fiscal hará un requerimiento de investigación al juez, y si el juez accede se abrirá una causa. Entonces sí Requejo podrá pedir el sobreseimiento. Mientras tanto, alguien tendrá que hacerle entender que sobran los motivos para investigar un contrato de tal magnitud –entre 20 y 30 millones de pesos– sin licitación pública y, supongo, ni siquiera privada. Aclaro: no puedo ir más allá de una suposición porque el expediente, por decisión compartida de Sobisch y Jorge Sapag, es secreto (bien dicen que Neuquén es una “tierra de confluencias”). Tan secreto que a un enviado de la empresa Motorola que quiso competir no le dieron ni la hora. Lo mismo pasó con la compra de dos helicópteros Bell, adquiridos a la empresa Modena Autosport, de Cristiano Rattazzi, el presidente de Fiat Argentina. Tampoco fue atendido un enviado de la empresa Aerolink, representante en Argentina del helicóptero Eurocopter. El caso es que a Sobisch y Manganaro les pareció que se necesitaban dos helicópteros. Pero después llegó Jorge Sapag y decidió que con uno bastaba, de modo que al otro lo vendieron. Todo estuvo muy pero muy cerrado. Demasiado. La causa de Oser y otros por “fraude en perjuicio de la administración pública” tramita en el juzgado de instrucción penal dos, a cargo del doctor Juan José Gago. Según la acusación fiscal, Oser autorizó pagos a empresas inexistentes y creadas para comercializar facturación falsa por 2.181.265,79 pesos. Las “empresas” –Siscard SA, Romi Export SRL y Shater SA– cobraron esa suma el 14 de mayo de 2002, cuando Oser era el gerente general del BPN y Luis Manganaro el presidente. El caso es que en junio último Oser pidió que se decretara la prescripción, a lo que el juez no hizo lugar. El imputado apeló y la Cámara de Apelaciones en lo Criminal, el 16 de este mes, rechazó el recurso, por haber sido “erróneamente concedido”. Por lo tanto, el presidente de la seccional Primera del MPN sigue siendo un imputado por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública. En el recurso de apelación, el abogado de Oser, Javier Vilar, sostuvo que su defendido había dejado de ser funcionario público cuando se cometió el presunto delito, porque ya entonces regía la ley provincial 2.351 que convirtió al banco en una sociedad anónima, regida por la ley de Entidades Financieras 21.256. En desacuerdo, el camarista Héctor Rimaro cita el artículo 77 del Código Penal, que define como funcionario público a “todo el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas, sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente”.


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