Abogados y funcionarios disputan dos codiciados cargos en el Poder Judicial

Abogados y funcionarios disputan dos codiciados cargos en el Poder Judicial

El Consejo de la Magistratura de la Tercera Circunscripción se reunirá mañana jueves desde las 9 en esta ciudad para definir los concursos para el cargo de juez de ejecución penal y de juez de garantías, que están vacantes.

Se trata de dos cargos que tienen una atractiva remuneración. Fuentes judiciales indicaron, por ejemplo, que un juez de garantías tiene un haber que ronda los 100.000 ó 110.000 pesos de bolsillo y no pagan impuesto a las ganancias como la amplia mayoría de profesionales y trabajadores. Además, se trata de cargos que garantizan estabilidad laboral. En el caso de los abogados que pretenden entrar al Poder Judicial se les reconoce el título desde que se recibieron.

Para el cargo de juez de ejecución penal llegan a la etapa decisiva las abogadas Blanca Alderete y Sandra Ragusa y su colega Alejandro Pschunder.

Mientras que para el cargo de juez de garantías hay cuatro postulantes para la última etapa: Sergio Pichetto, Víctor Hugo Maximiliano Gangarrosa, Juan Pablo Laurence y María Elisa Celoria.

El presidente del STJ Enrique Mansilla encabezará la sesión del Consejo de la Magistratura de la Tercera Circunscripción, que se integra con tres legisladores provinciales (2 el oficialismo y 1 por la oposición) tres abogados del fuero local y un juez del fuero penal.

Los consejeros escucharán a los postulantes en las entrevistas personales, que es la última etapa, porque ya rindieron los exámenes escritos y cumplieron con la presentación de los antecedentes.

Antecedentes

Ragusa concursó en 2014, pero no pudo llegar a la etapa decisiva. La abogada trabajó en la municipalidad en la gestión de la exintendenta María Eugenia Martini y después se sumó al equipo de la comisaría de la Familia de esta ciudad.

También Pschunder pretende el sillón del juez de ejecución penal, que desde hace meses subroga el juez de garantías Juan Martín Arroyo. Pschunder fue uno de los abogados querellantes, en representación de los padres del policía Lucas Muñoz, cuyo crimen sigue impune. En la primera etapa de la investigación tuvo una alta exposición pública, pero después renunció sin dar demasiadas explicaciones. Mientras que Alderete es una asidua concursante. Se ha presentado en varios concursos, sin demasiada fortuna.

Celoria se desempeñó durante muchos años como secretaria de la exCámara Criminal Segunda, pero con la reforma procesal penal los cargos de secretario y secretaria fueron eliminados.

Laurence es defensor penal oficial desde principios de junio de 2013. Concursó para otros cargos en la pirámide judicial, pero los defensores oficiales tienen poca vidriera en el sistema judicial a diferencia, por ejemplo, de los fiscales o jueces.

Pichetto es fiscal desde abril de 2014. Concursó en agosto del año pasado por el cargo de juez de garantías, pero no llegó a la última etapa. Ahora, va por la revancha.

Gangarrosa se quedó con las ganas en agosto de 2017. Había quedado entre los tres mejores puntajes, pero en una decisión polémica varios consejeros optaron por no votarlo. Recordaron en voz baja que Gangarrosa trabajó en el Poder Judicial de Río Negro, pero en 2009 se fue envuelto en una polémica.

Ayer, abogados del fuero local votaron como lo hacen cada vez que hay un concurso. Pichetto fue el más elegido con 40 votos, seguido de Gangarrosa, con 25, Laurence, 16, y Celoria 6.

Mientras que para el cargo de juez de ejecución penal, Ragusa obtuvo 42 votos, Pschunder, 28 y Alderete 9.