Acusan a dueños del Mercurio

Jacobo Benadón y su hijo, Daniel, propietarios del Banco Mercurio, fueron denunciados ante la Justicia por presunto «cohecho», ya que una serie de evidencias dejadas por el fallecido empresario Mariano Perel acreditarían que pagaron alrededor de un cuarto de millón de dólares en sobornos a un supervisor de la DGI.

La presentación fue efectuada por la Procuración, que también denunció por presunto cohecho a Sergio Lemelson, supervisor de la DGI actualmente en funciones.

La denuncia recayó en el tribunal federal a cargo del juez Gustavo Literas.

Perel, que apareció muerto en Cariló el pasado 4 de octubre, describió en numerosos informes que archivó en sus computadoras personales una serie de maniobras de corrupción administrativa.

El empresario fallecido, que fue directivo del Banco Mercurio, contó que Jacobo y Daniel Benadón le encomendaron «arreglar» a Lemelson porque la entidad registraba deudas impositivas por 18 millones de dólares. (DyN)

Se dilatan los tiempos del dictamen sobre la conducta de Pou

La comisión bicameral encargada de evaluar la conducta de Pedro Pou al frente del Banco Central desaceleró ayer sus tiempos internos para la emisión del dictamen definitivo, luego de indagar al cuestionado funcionario por espacio de seis horas.

Las razones de la demora no responden a que Pou haya revertido las opiniones adversas que genera en la mayoría de los integrantes del cuerpo especial, sino a la necesidad de que la presión política y mediática para que se resuelva la situación del Banco Central no se traslade al presidente Fernando de la Rúa en medio de la convulsión que preanuncian los anuncios económicos de las próximas horas.

De acuerdo con lo informado por algunos integrantes de la comisión, el dictamen por el cual se aconsejará al presidente De la Rúa si recomienda o no la remoción de Pou no estaría terminado por lo menos hasta el miércoles o jueves de la semana que viene.

Alterando el actual cronograma de reuniones, el cuerpo especial recién volverá a encontrarse el martes «para evaluar alguna documentación que llegaría oportunamente proveniente de la Justicia», indicó hoy su titular, el radical Mario Losada.

Sucede además que el diputado radical Raúl Baglini y el senador peronista Carlos Verna se ausentarán del país desde hoy y hasta el próximo miércoles, porque participarán de la convención del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se realizará en Chile.

Por consiguiente, se espera que recién a su regreso, los integrantes definan el mecanismo de emisión del dictamen que aún no fue resuelto, ya que sólo se avanzó en la decisión de que sea un informe confidencial con copia tan sólo para el Jefe del Estado.

De todas formas, varias fuentes de la comisión coincidieron en expresar esta noche que el contenido del dictamen «ya está decidido» y que sería «adverso» al funcionario, que quedó en el centro del escándalo a raíz de las denuncias de la diputada radical Elisa Carrió y de las investigaciones del Senado de los Estados Unidos.

Pou retomó ayer la lectura de su extenso informe que quedó interrumpida el miércoles cuando los integrantes de la comisión le comunicaron que se cortaba la reunión.

El banquero desarrolló esa tarea por espacio de una hora y media hasta que fue increpado por el senador radical Alcides López, quien le reclamó que «cese con la lectura y atienda las preguntas» que tenían preparadas los legisladores.

«Pou respondió a todas las preguntas con una disposición mejor que ayer», resumió Losada, manteniendo la reserva con la que todos los integrantes de la comisión asumieron hasta ahora cada una de las reuniones. Los cuestionamientos al funcionario fueron en su mayoría sobre las presuntas operaciones de «vaciamiento» de entidades bancarias como el ex Mayo o el ex Patricios, así como también sobre los sospechosos redescuentos que le habría otorgado el Central al Banco de Mendoza. (Infosic)

«Quieren enfriar la investigación»

El diputado mendocino del Partido Demócrata Gustavo Gutiérrez denunció ayer que un sector del gobierno, «parte de los bancos» radicados en la Argentina y «algunos medios de comunicación» montaron una campaña para «tratar de enfriar» la investigación sobre lavado de dinero en el país.

El legislador remarcó que hay «muchas dificultades» para avanzar en la causa y dijo que esa situación se debe a que todos quieren seguir manteniendo el estado actual de las cosas, aunque confió en que, de todas maneras, se llegará al fondo de la cuestión.

Gutiérrez, quien junto a su par radical Elisa Carrió impulsó la investigación sobre operaciones de dinero ilegales que ahora investiga el Senado norteamericano, dijo concretamente que la comisión bicameral que se creó en el Congreso argentino no puede avanzar en el caso de lavado de dinero porque el «gobierno» está demorando la entrega de pruebas.

Gutiérrez acusó al gobierno de demorar los trámites para que las cajas con la documentación del Senado norteamericano llegue de una vez a manos de los legisladores argentinos. (Télam)