Agentes provinciales cesanteados en la dictadura, más cerca de cobrar

La ley provincial del “resarcimiento económico” para los agentes provinciales cesanteados durante el proceso militar, promulgada hace 22 meses, todavía no es operativa y nadie ha cobrado un centavo hasta el momento.

El número de afectados se estiman en más de medio millar y exigirá un desembolso del Estado rionegrino de unos 120 millones de pesos una vez que se cumplan con todos los pasos legales que habiliten a los damnificados a recibir el pago correspondiente.

La norma Nº 5042 prevé una asignación equivalente a 30 “salarios vitales mínimos y móviles” de Río Negro, que a valores actuales significan unos 236 mil pesos por persona.

Promulgado en junio del 2015, el mecanismo no está implementado porque falta la reglamentación, según argumentan en Derechos Humanos. Por este motivo, un grupo de estatales cesanteados recurrió a la Justicia frente a la demora.

Otro componente será la disponibilidad presupuestaria y financiera, estimándose su cancelación –en parte– con bonos.

La ley –cuya autoría pertenece al ex legislador radical Alejandro Betelú– prevé un “resarcimiento económico” para los agentes que fueron “cesanteados, exonerados y/o forzados a renunciar por motivos políticos, ideológicos, gremiales o razones similares” durante el proceso militar.

Ese “derecho” también alcanzará a quienes fueron “afectados” en el período de “abril de 1974 a marzo de 1976”.

Un paso más cerca

La secretaria de Derechos Humanos, Laura Méndez, manifestó a “Río Negro” que ya dispone de la reglamentación, restando su formalización, y anticipa para las “próximas semanas” la apertura del Registro de Reparación Histórica. El número de cesanteados se estiman entre 500 y 800.

La reglamentación llega con un atraso de un año y medio (la ley exigía su dictado a los 60 días). Esa mora de Derechos Humanos corresponde a la gestión de Daniel Badie, quien asumió en setiembre del 2015 y se mantuvo hasta febrero pasado cuando pasó a la secretaría de Desarrollo Social. Su vacante fue cubierta por Méndez.

En respuesta a recursos judiciales, la nueva secretaría contestó a la Cámara Civil para explicar que la falta de cumplimiento se debe a que resulta “administrativamente muy compleja su implementación”. Aludió a la “deficiente técnica legislativa” de la norma y “la necesidad del decreto reglamentario para poner luz”.

En otra parte de la elevación judicial, Méndez recordó que Legal y Técnica advirtió de la “falta de reserva presupuestaria” para su implementación y, en ese sentido, recordó que el Estado debe garantizar esas partidas para cumplir con las “reparaciones” previstas.

Un dato interesante esgrime en relación a las erogaciones que deberá cumplir el Estado. Advierte que es “improcedente que se le haya asignado” ese pago a Derechos Humanos, que pertenece a Educación, porque esa “secretaría no dispone actualmente de presupuesto”. Agrega que “se está manejando con un fondo propio para los gastos mínimos ($40.000)”.

Un padrón de 500 cesanteados exigirá una disponibilidad de casi 120 millones, considerando que cada uno tendrá una asignación de 236 mil pesos.

Fondos necesarios

MAURICIO MARTIN