Ahora los judiciales quieren aumento retroactivo

NEUQUEN (AN) – Cientos de empleados judiciales reclamarán que el 21 por ciento de aumento que acaban de cobrar gracias a la nueva ley salarial se aplique, retroactivamente, a sus sueldos de los últimos nueve últimos años. La demanda se transformará en una nueva causa millonaria que tendrá que resolver el Tribunal Superior de Justicia.

Desde 1991, año en que los jueces y magistrados recibieron un aumento “en negro”, que los empleados judiciales piden una mejora proporcional en virtud de la vigencia del “enganche” de sus ingresos con el de los magistrados.

Son varias causas y algunas de ellas ya fueron rechazadas por un Tribunal Superior integrado mayoritariamente por conjueces, que son simples abogados que reemplazan, por recusaciones o excusaciones, a los vocales del cuerpo.

La necesidad, por cuestiones previsionales, de transformar en remunerativa esa suma “en negro” y la imposibilidad de reducir los ingresos de los jueces, que son constitucionalmente intocables, llevaron a los tres poderes del Estado a buscar una salida que la Legislatura sancionó y el gobernador promulgó a finales del año pasado.

En el nuevo esquema, se reconoció el derecho de los empleados de “engancharse” a los nuevos sueldos de los jueces.

Para uno de los abogados de los judiciales, Hugo Frare, lo que hicieron los poderes Legislativo y Ejecutivo fue reconocer el derecho que tenían, desde hacía nueve años, los empleados judiciales a recibir un aumento salarial.

Por eso, pedirá que el Tribunal Superior reconozca lo que considera una deuda histórica con los trabajadores de la justicia.

Fuentes de la justicia que conocen muy bien de cuestiones salariales del poder calcularon que, sin intereses, un fallo favorable podría significar el reconocimiento de una deuda de 20 millones de pesos.

Lluvia de demandas

En 1994 el Tribunal comenzó a recibir una lluvia de demandas promovidas por más de 600 empleados judiciales. Por lo menos media docena de abogados fueron sus patrocinantes.

Un grupo de demandas, las que patrocinaba el ex presidente del TSJ Federico Rúa, fue rechazado hace unos años. Pero más de la mitad no fue resuelta.

Tanto Frare como otro abogado que lleva causas similares, Jorge Cabrera, confirmaron a “Río Negro” que harán valer ante la justicia lo que consideran como un reconocimiento del gobierno a los derechos de los empleados judiciales de “enganchar” sus ingresos al aumento que tuvieron los jueces hace nueve años.

Uno de los cuestionamientos que hicieron los cinco vocales del Tribunal Superior cuando conoció el texto de la nueva ley salarial de la justicia era que no se había incluido en él una cláusula que comprometiera a jueces y empleados a desistir de cualquier demanda para poder ingresar al nuevo régimen de sueldos.

Mientras los empleados amenazan con nuevos juicios, los que iniciaron 64 jueces y funcionarios judiciales por el blanqueo de la polémica suma de dinero “en negro” se mantienen en trámite en el Tribunal porque hasta ahora nadie desistió de ellas. El reclamo es, en este caso, de 8 millones de pesos.

Este mes todos cobraron el incremento

NEUQUEN (AN) – Frente a los recibos de sueldo los jueces y empleados judiciales este mes sonrieron. Los magistrados recibieron, por el blanqueo de la polémica suma “en negro”, un pequeño aumento, pero para los trabajadores sin responsabilidad profesional las mejoras salariales fueron de entre 150 y 500 pesos.

El incremento salarial llevó el nivel de ingresos de los judiciales a tal punto que un empleado recién ingresado cobra a partir de este mes 700 pesos de sueldo. En las categorías de mayor jerarquía dentro de los no profesionales la mejora llegó a cifras que oscilan los 500 pesos por mes, que es el sueldo mínimo que paga el Ejecutivo a estatales y docentes.

Para jueces y funcionarios judiciales hubo también un aumento de sueldo pero con un impacto casi nulo en los ingresos de bolsillo porque con ese dinero se cubrió el porcentaje de aportes de ley que comenzó a deducirse con el blanqueo de la cifra “en negro”.

De todos modos, como sobre esa porción del salario también se calculan bonificaciones -la zona desfavorable, por ejemplo- algunos magistrados percibieron una muy leve mejora de haberes.

Para Hugo Frare, abogado de una centena de empleados judiciales y docente universitario de Derecho Administrativo, cuando la Legislatura concedió el “enganche” para los salarios de los empleados se estaba reconociendo un derecho retroactivo a 1991.

Ello es así -dijo- porque el que lo reconoció es el demandado, es decir: el Estado, mediante dos de sus tres poderes, el Legislativo que lo sancionó y el Ejecutivo lo promulgó.

“Resta que se pronuncie el tercer poder del Estado”, apuntó Frare el relación con la Justicia.