Aire para la abultada deuda de CALF, consiguió una condonación de Nación de casi $1.000 millones

El secretario de Energía, Darío Martínez, encabezó el acto con autoridades de la cooperativa. El pasivo con Cammesa trepaba a $2.200 millones.

La gigantesca deuda que CALF fue acumulando como una bola de nieve desde 2019, año de los tarizafos y de campañas políticas, consiguió alivio ayer con el plan de renegociación de deudas que viene realizando la secretaría de Energía de Nación. La cooperativa, que enfrenta reclamos por facturas con severos aumentos, tuvo un crédito de 916,7 millones de pesos, es decir, el 40% de lo acumulado.

Según explicaron fuentes de la cartera que dirige el neuquino Darío Martínez, ese crédito está sujeto al cumplimiento del plan de pago por el resto del pasivo, la realización de obras y otros condicionamientos. Este plan de saneamiento de las distribuidoras eléctricas por deudas con Cammesa se viene llevando a cabo en gran parte del país.

De acuerdo a lo publicado oficialmente, no hubo convocatoria a la prensa para la firma del acuerdo realizado ayer, la cooperativa que preside Carlos Ciapponi debe 2.291,7 millones de pesos. El monto es el equivalente a casi 10 facturas consecutivas de la energía que mensualmente CALF le compra a Cammesa.

Con el acuerdo, además de la condonación del 40%, deberá afrontar un plan de pago de 1.375 millones de pesos, que tendrá un periodo de gracia de seis meses y que deberá pagarse en 60 cuotas mensuales.

La historia de la deuda de CALF tuvo varias idas y vueltas. La cruzada de Ciapponi para no convalidar los tarifazos de la era Macri, cuando él intentaba ser candidato en la ciudad, se transformaron en una piedra en el zapato para la cooperativa porque la crisis económica llevó a que miles de familias no pudiera pagar sus facturas, lo mismo grandes consumidores a los que nunca se les cortó el servicio. Después vino la pandemia y puso la cadena de pagos al límite.

El titular de la distribuidora intentó con el cambio de gobierno nacional refinanciar los pasivos y hasta consiguió el apoyo del petrolero Guillermo Pereyra, sin embargo, esas negociaciones cayeron en saco roto y la deuda siguió creciendo.

En el acto de ayer participaron, además de Martínez y Ciapponi, el presidente de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE), José “Pipo” Álvarez; el secretario general de CALF, Darío Lucca; el tesorero de CALF, Roberto Garrido, y el concejal de la ciudad de Neuquén del Frente de Todos Marcelo Zúñiga.

Fue Zúñiga quien sumó un elemento, hasta ahora desconocido, que fue el reclamo al gobierno provincial de Omar Gutiérrez de una deuda contra la cooperativa CALF. El monto que precisó el concejal fue de 600 millones de pesos y tendría como origen el consumo de organismos oficiales y el compromiso asumido de Tarifa Social que nunca canceló a la distribuidora.

El plan de pago al que accedió CALF tiene beneficios por sobre otras distribuidoras por tratarse de un régimen especial para cooperativas. Distinto es el caso del EPEN que, como empresa del Estado, no tiene los mismos reconocimientos. La firma provincial tendría un pasivo superior al registrado por la distribuidora capitalina pero aún no avanzaron en la renegociación.

Como consecuencia de la pandemia y a raíz de los promedios de incobrabilidad de los usuarios residenciales, comerciales e industriales, crecieron considerablemente las deudas que mantenían las distribuidoras provinciales con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). Por eso, en el marco de la emergencia económica, tarifaria, energética, sanitaria y social, se puso en marcha un programa federal de regularización, según lo establecido por el artículo 87 de la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021 y la Resolución N° 40/2021 de la Secretaría de Energía.

Las provincias de Santa Fe, Chaco, Entre Ríos, Catamarca y Santa Cruz ya habían iniciado el proceso de reestructuración de sus obligaciones de pago con CAMMESA, mientras que Santiago del Estero, Formosa, La Pampa y San Juan han sido retribuidas por el Estado Nacional por haber cumplido sus obligaciones de pago con el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).


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