Alienación normativa

Martín Lozada*

La realidad social y su relativa adecuación a las expectativas ciudadanas invitan a revisar críticamente nuestro sistema institucional. Sobre todo, aquellos aspectos que menos se condicen con una efectiva dinámica democrática.

Basta considerar el funcionamiento del sistema representativo de gobierno en sociedades como las actuales, caracterizadas por su heterogeneidad y por estar integradas por individuos y grupos que, en ocasiones, poseen marcadas contradicciones entre sus respectivos intereses.

La democracia representativa fue el modelo de participación política ideado, constitución mixta inglesa y norteamericana mediante, para asegurar que los diversos grupos que componían la sociedad adquirieran su representación proporcional a la hora de decidir los asuntos de gobierno.

Es decir, para albergar entre ellos una suerte de simetría y estabilidad.
Sin embargo, la propuesta formulada por el constitucionalismo clásico, en cuanto a la posibilidad de representar de modo proporcional a todos los estamentos que integraban a la sociedad en un parlamento común, quizá haya dejado de ser una realidad verificable.

Es más: podría suceder que nuestro esquema institucional haya sido desbordado por la pluralidad y la fragmentación social existente, la cual complota contra una representación plena.

¿Es la democracia representativa una aspiración sostenible?

¿Qué posibilidad existe de que los representantes del pueblo, diputados y senadores, resulten auténticos intérpretes de las actuales necesidades y deseos de los individuos y grupos que representan?
Roberto Gargarella afirma que el “sistema representativo nació prometiéndonos algo que hoy no se encuentra en condiciones de cumplir”.

Asistimos, desde hace algunas décadas a esta parte, a una pluralidad de demandas ciudadanas expresadas por grupos diversos, la gran mayoría de ellas formuladas por fuera de los partidos políticos, que claman por una visibilidad y representación de la que carecen.

Esas demandas de participación más amplia se vienen reflejando en regímenes constitucionales que, a través de mecanismos de naturaleza inclusiva, aspiran a resultar más receptivos a las expectativas colectivas.
Los referendos, plebiscitos, y otros recursos a la consulta popular vienen abriéndose paso en esa dirección.

Mientras tanto, nuestros parlamentos continúan con dinámicas legislativas que, en muchos casos, son percibidas como ajenas por muchos de los individuos y grupos que componen la sociedad.
Ello puede deberse, entre otras razones, a la escasa participación que a los ciudadanos se les otorga en el proceso de creación de la ley.

De ese modo, las normas suelen resultar el producto de una élite que invoca estar actuando en nombre de la voluntad popular. Pero lo cierto resulta, en realidad, que omite tanto una discusión colectiva como considerar la voz de los diversos individuos y grupos que la integran.
Sobre todo, de aquellos que históricamente vienen siendo postergados y desoídos.

El propio Gargarella sostiene que no es difícil concluir que el derecho en general sufre de un déficit democrático serio.
En especial, si tomamos en cuenta las condiciones en que se crean las normas en la actualidad y la ausencia de vínculos -sociales, de clase e ideológicos- entre quienes las redactan y aquellos sobre quienes habrán de impactar sus efectos.

El producto legal al que se arribe corre el riesgo de ser percibido como un resultado construido en torno al interés de unos pocos, en consonancia a un estado de alienación normativa.

• Doctor en Derecho (UBA) – Profesor titular de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN)