Allanan el Ipross por denuncia de desvío de fondos

Parte de la documentación no estaba en el lugar.



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Marcelo Ochoa

VIEDMA (AV)- El juez Guillermo Bustamante allanó ayer la sede del Ipross para incautar documentación que pueda dar sustento probatorio a la denuncia que radicaron personas de identidad reservada que darían cuenta de amplias y diversas irregularidades que presuntamente se habrían cometido en ese instituto provincial.

No se descartaba en ámbitos judiciales que la denuncia de las personas de identidad reservada pueda incluir presuntos desvíos de fondos hacia la pasada campaña proselitista del partido aún gobernante.

Ayer por la mañana, a instancias de la fiscal Daniela Zágari, el magistrado, la agente del Ministerio Público y el secretario del Juzgado, Wálter Calvo, se presentaron en el edificio de la obra social, ubicado en calle Roca, solicitando un número considerable de expedientes que permitirían dar cuerpo a lo denunciado, con el objeto de promover la acción penal, trámite que aún no fue generado desde la fiscalía interviniente.

Por lo incipiente de la investigación, que apenas reúne la denuncia y estos expedientes secuestrados, aún es muy limitada la información que pudo conocerse al respecto. Según las primeras precisiones, los denunciantes habrían mencionado como mínimo tres situaciones presuntamente irregulares.

Por un lado, se observaron los convenios con la Cámara de Prestadores Zona Atlántica, Capresa, de 2009, que podrían registrar algunas anomalías. Además, se verificarían algunas provisiones a pacientes, que ya estarían siendo revisadas por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, ya que se habrían detectado en ese ámbito que existirían prestaciones a personas fallecidas.

Finalmente, se mencionaron presuntas adulteraciones o presentaciones irregulares de facturas por servicios no prestados, cuyos fondos no tendrían un destino claramente establecido.

Pudo saberse también que en la denuncia se habría hecho constar que algunos de los expedientes sospechosos podrían haber sido destruidos, para evitar el seguimiento de determinados gastos.

Sin embargo, no se descarta que mediante el sistema informático existan registros claros de su existencia.

Cuando los funcionarios judiciales requirieron la documentación detectaron que al menos tres expedientes, tal como constaba en la denuncia, no se encontraban en el sitio allanado, lo que hace presumir que lo manifestado al respecto, tiene sentido.

Por otro lado, trascendió que una parte de lo denunciado, se derivó a la UFAP donde ya se investiga otra denuncia, presentada en mayo pasado por los legisladores justicialistas Pedro Pesatti y Renzo Tamburrini, debido a que tendría relación con esos hechos. Cabe recordar que aquella presentación surgió luego de que el dirigente de la Cámara de Prestadores de la zona Atlántica, Floreal Iturburu amenazara públicamente, debido a un conflicto con la obra social, en dar a conocer algunas irregularidades.

El allanamiento a la obra social lo encabezó el juez Bustamante


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