Allanaron el Ministerio de Familia por el caso de pasajes oficiales

VIEDMA (AV)- La presunta entrega discrecional e injustificada de pasajes oficiales desde el Ministerio de la Familia llegó a la Justicia y provocó la inmediata reacción de los funcionarios de ese Poder que allanaron la sede central del organismo que encabeza Alfredo Pega.

En horas de la mañana de ayer, el juez Carlos Reussi y el fiscal Marcelo Alvarez ingresaron al edificio del ex Hotel Provincial y recogieron durante varias horas parte de la larga lista de expedientes relacionados con esa actividad.

No se descarta que hoy continúen las medidas dispuestas.

Aunque el hermetismo judicial era total, este medio pudo saber que el procedimiento se desencadenó a partir de una denuncia que la defensora del Pueblo, Ana Piccinini, habría presentado durante el último fin de semana al fiscal en turno.

Las irregularidades que habría detectado la titular de ese organismo de control tendrían relación con un supuesto gasto exagerado por parte del Ministerio de la Familia en el otorgamiento de pasajes a personas con alta vulnerabilidad social.

También, la constatación de la defensora se referiría a que habría trato preferencial hacia la firma Fredes, en desmedro de otras empresas de transporte que contratan con el Ministerio de la Familia.

A mediados de noviembre, este medio publicó que Piccinini había amenazado con pedir allanamientos a la cartera si continuaba la negativa por parte del ministro Pega a suministrarle información detallada acerca del otorgamiento de pasajes. En esa ocasión se recordó que la firma Fredes Turismo SRL facturó durante 2007 un total de 1.614.645 pesos divididos en montos muy dispares en los diferentes meses del año.

En tanto, en el actual período llevaba facturados hasta setiembre incluido 1.129.457 pesos con su pico máximo en enero último -305.880 pesos- y el mínimo en marzo -58.635 pesos-. Por su parte, la empresa Ceferino obtuvo 590.332 pesos en 2007 y 542.053,30 en 2008.

El requerimiento de la defensora al Ministerio de la Familia, que habría sido el mismo que el realizado a la Justicia, apunta a poder determinar quiénes fueron los beneficiarios de la enorme cantidad de pasajes entregados gratuitamente en los dos últimos años, que según cálculos realizados por la defensora alcanzarían a cerca de 20 personas por día viajando entre Viedma y Buenos Aires, en función de los montos abonados.