Amenazas de bomba: la condena como escarmiento social



Miguel Á. Knecht*

Resulta un hecho recurrente, la actitud adoptada por algunos alumnos malintencionados que cursan sus estudios secundarios en Establecimientos Educativos de nuestro País, ya que durante los períodos de exámenes regulares, formulan - vía telefónica- falsas denuncias a las instituciones escolares donde asisten, a los fines de sembrar terror, amedrentamiento y lograr mediante una falsa alarma, la suspensión del dictado de clases de la jornada.

Casualmente, la Justicia de Morón, mediante la intervención del Juzgado Comercial Nº 5 tramitó una causa por “Intimidación Pública reiterada en tres oportunidades” y dispuso, mediante una medida ejemplar destinada a desalentar este tipo de actitudes (amenazas telefónicas), la imposición de una multa de $ 60.000 y la realización de tareas comunitarias para el alumno de la institución, responsable de efectuar dichos llamados.

Las comunicaciones señaladas -la mayoría de las veces- provienen de teléfonos móviles y-o fijos donde informan sobre la presencia de explosivos, provocando que cunda el pánico y perjudicando el normal desempeño de las instituciones que se encuentran totalmente indefensas ante tamaña amenaza.

Por tal motivo, al difundirse la condena impuesta por la Justicia mediante los medios de comunicación; todos aquellos jóvenes que impunemente se comunican con los establecimientos con idéntica intención, -formulando falsas denuncias-, seguramente se abstendrán en el futuro de repetir el suceso.

En ese orden, la imposición de la multa al responsable del llamado, y en caso de declararse insolvente ante la Justicia, se extiende la sanción a sus padres, quienes en definitiva deberán responsabilizarse de los actos impropios ejecutados por sus hijos.

Si se ubica al responsable de la falsa denuncia y se le aplica la multa, seguramente desistirá la idea de realizar dicha práctica en el resto del alumnado.

En síntesis, la condena impuesta resulta una especie de escarmiento social, que los expone públicamente a todos aquellos que practican estas conductas improcedentes.

Es más, todos los juzgados del país deberían registrar el perjudicial suceso porque esta jurisprudencia de Morón debería ser extensiva a todos los Juzgados del país, adoptando la justicia, similar criterio para la imposición de la condena donde, -una vez más-, la víscera más débil del ser humano pasará a ser el bolsillo, generando la inmediata abstención de estos actos y desalentando cualquier imitación de la misma.

*Docente. Exconcejal del P.J. en Viedma


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