Analizan los cambios en los órganos de control

VIEDMA .- La reforma Constitucional reunió ayer a funcionarios del gobierno provincial y los órganos de control. Los miembros del Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Defensoría del Pueblo y Contaduría General evaluaron los cambios constitucionales y readecuación de los funcionamientos.

También, se quejaron que se enteraron por la prensa del anuncio gubernamental de la cesión a la oposición de los órganos de control y de las reformas de la carta magna.

El gobierno de Pablo Verani estuvo representado por el Fiscal de Estado, Gustavo Martínez, uno de los principales impulsores de la modificación. La reunión se concretó a media mañana en el Tribunal de Cuentas. Participaron Pedro Casariego, Leonor Zamborain y Rubén Gianni por el Tribunal; el fiscal Pedro Funes; el Defensor del Pueblo, Juan Kugler y subcontador General, Daniel Bossero.

La reunión la gestionaron Casariego y Martínez después que las declaraciones del fiscal del Estado en las que avanzó en precisiones de la reforma constitucional y además cuestionó seriamente a la actuación de los órganos de control.

Es más, ese malestar quedó en evidencia en inmediatas respuestas públicas formuladas por Kugler, en defensa del accionar de la Defensoría del Pueblo. Ese contrapunto se reeditó ayer a puertas cerradas.

En la víspera, Martínez reiteró que la decisión del gobierno está direccionada a una reforma integral y consensuada. Así, relativizó una enmienda sólo para cederle a la oposición el manejo de los órganos de control. No se habló de plazos en las modificaciones constitucionales.

Casariego, Funes y Kugler hablaron de sus funciones. El primero explicó los pro y los contra del Tribunal de Cuentas en relación a la antigua Contraloría General, a la vez que desestimó que el organismo que preside tenga labores atrasadas.

Kugler desestimó mayores atribuciones ya que ese funcionamiento con «sanciones morales» se repite en todas las Defensoría del mundo.

Al final, Martínez prometió entregarle sugerencias de reformas que surjan, siempre encuadrados en aunar esfuerzos, modernizar el Estado y concretar economías en los gastos públicos. Sus interlocutores anticiparon aportes propios.

En diálogo con «Río Negro», el fiscal había asegurado el fin de semana que la reforma estatal debía incluir la reducción de legisladores, la ampliación del servicio de Justicia y modificar el sistema dividido de los estados municipales.

La modificación planteada se extendía a las infraestructuras actuales y la función de los organismos de control externos y la coparticipación.

En ese marco, Martínez opinó que un Tribunal de Cuentas como el actual «no sirve» y cuestionó que «no puede ser que analice las cuentas varios años después de que el gasto se efectuó y cuando el funcionario ya se fue». También, entendió que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas «podría ser útil si tuviera otro tipo de posibilidades» mientras interpretó que la Defensoría del Pueblo debería sostenerse únicamente si produce algo más que un reproche a los funcionarios.