Anomalías en el manejo de fondos del Registro Civil

VIEDMA (AV).- El Tribunal de Cuentas detectó irregularidades en el manejo de los fondos en el Registro Civil. En principio, advirtió de la existencia de cuentas bancarias no incorporadas en el sistema contable provincial, lo cual no permitía su seguimiento ni su rendición de fondos.

Estas conclusiones corresponden a una auditoría finalizada recientemente y ya remitida a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para profundizar el análisis de las irregularidades advertidas.

Mientras tanto, la Fiscalía presentó la denuncia penal por presuntos desvíos advertidos en el Instituto para la Asistencia de Presos y Liberados, cuya investigación también se originó a partir de una auditoría del Tribunal. Esta derivación ocasionó la renuncia de Ada Ottolini en la conducción del Instituto y, además, aparecería como principal implicada en las presuntas irregularidades denunciadas en ese organismo.

En la última semana, el Tribunal -que conduce Carlos Malaspina- concluyó con la auditoría de la dirección de Registro Civil. Ese informe final fue remitido a la Fiscalía y al ministro de Gobierno, Iván Lázzeri.

La revisión en el Registro Civil se centró en el manejo de fondos de noviembre del 2004 a abril pasado. Según trascendió, el informe precisaría que no existen registros de dos cuentas bancarias del organismo. Las mismas no figurarían en el sistema unificado contable del Estado provincial (SAFIC), desconociéndose entonces sobre el manejo y movimientos de los fondos, como tampoco existirían las rendiciones correspondientes.

Una de las cuentas bancarias concentra los aportes regulares de Nación mientras la otra se destinaba a la recepción de pagos provinciales por los servicios de los registros civiles. En ese caso, según fuentes extraoficiales, el informe del Tribunal advertiría sobre diferencias en los asientos e ingresos por el cobro del servicio por casamiento a domicilio. Además, el órgano de control externo habría detectado otras irregularidades, como la inexistencia del libro de bancos.

Todo fue remitido a la Fiscalía para profundizar la investigación y definir así sobre la existencia de perjuicio contra el Estado provincial.

La Dirección de Registro Civil está a cargo de Graciela Aún desde hace más de nueve años.

Por otra parte, el fiscal de Investigaciones Administrativas, Pablo Berraz presentó una denuncia penal por irregularidades detectadas en el Instituto para la Asistencia de Presos y Liberados.

La investigación inicial de Berraz determinó desvíos en los fondos de ayudas para las familias de internos o liberados. Se detectó que subsidios registrados en favor de beneficiarios de Roca y Bariloche no fueron recibidos por ellos.

También, otro canal de análisis corresponde a la compra de materiales como ayuda social en el Instituto pero los lugares de entrega registrados son inexistentes, según información inicial incorporada por la Fiscalía de Investigaciones.