Aprueban 3 meses de tregua para revisar el boleto

En el Concejo neuquino hubo trece votos a favor y dos en contra.

NEUQUEN (AN).- Los concejales de Neuquén aprobaron ayer por la tarde por 13 a 2 el acuerdo entre la municipalidad e Indalo que otorga una tregua de 90 días -hasta el 30 de abril- para revisar la estructura de costos del transporte urbano de pasajeros. La discrepancia tuvo el protagonismo casi excluyente de la concejal Norma Miralles, titular de la bancada justicialista, que fustigó -junto con su compañero Segundo Zaccar- el subsidio a una empresa que "debe prestar un servicio público" al tiempo que criticó a los concejales que "dejaron pasar el tiempo y ahora hay un incendio que debemos apagar".

El acuerdo pasó el filtro del Concejo sin más obstáculos que los discursos -apoyo del bloque de la Alianza y "acompañamientos críticos" del MPN y del ARI- por lo cual se mantendrán los subsidios de los boletos estudiantil y para discapacitados, que significan un aporte de las arcas comunales de una cifra cercana a los 100 mil pesos mensuales.

El concejal David Lugones se encargó de defender el acuerdo en función de la caída de pasajeros -hay un promedio de 50 mil por día-. Eso significa que viajan en colectivo un millón de usuarios menos al año -de acuerdo con las previsiones del contrato-, en el marco de una "situación crítica del transporte público en todo el país".

Lugones mencionó los ejemplos de Córdoba y Buenos Aires y aludió a la alta proporción de vehículos privados en la capital neuquina. También apuntó contra la mala política de márketing de la compañía prestadora del servicio, compartida con la intermediaria, Sistemas Prepagos -Sipre- que no cuenta con una óptima red de distribución de boletos en la ciudad.

A la baja de la demanda, Lugones sumó la cantidad de subsidiados -16 mil estudiantes utilizan diariamente el colectivo, con tarifas de 0,13 pesos para los alumnos primarios y 0,19 pesos para los secundarios-. Dijo que la caída de la demanda se registró en la segunda sección, que es la más importante y que abarca la zona más populosa de la ciudad -desde Catriel hasta Godoy-.

El acuerdo se logró con el consenso del gremio -UTA-, el Consejo Vecinal asesor, la Sindicatura Municipal y la dirección de Transportes.

Consideró un triunfo el mantenimiento de la tarifa durante tres meses más "en especial por la situación socioeconómica del país".

Los argumentos a favor -también expresados por Carlos Vidal- estuvieron basados sobre la obligación del Estado de garantizar el servicio público.

Se aclaró expresamente que la "suspensión por 90 días del pago de canon y determinado tributos para compensar" no implican su eliminación lisa y llana.

Con matices, los concejales del MPN -Carlos Vega, Alberto Chávez, Ernesto Micchelutti y Federico Brollo- fundamentaron su "apoyo crítico" a la iniciativa oficial, lo mismo que Graciela Cuerelly y Juan Dutto, del ARI. Faltaron Rubén Roussillón -PJ- y Betty Kreitman -ARI-.

Cuerelly afirmó que "hoy no hay precios de nada" y que el paréntesis impuesto por el acuerdo permitirá establecer una ecuación tarifaria que contemple las variables económicas.

Criticó el carácter monopólico del servicio y la falta de mejora de oferta por parte de la empresa, y definió al acuerdo como la "solución más racional, más clara y más probable".

Un capítulo aparte tuvieron Miralles y los emepenistas Brollo y Chávez, que cruzaron ironías, en especial la concejala, que dijo "no ser una recluta que levanta las manos como acostumbran ellos", en alusión a lo que antes había denominado "la Alianza de los dos oficialismos" en la capital y en la provincia.


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