Apuntan a altos funcionarios de Ibarra por la tragedia de Cromañón

BUENOS AIRES (DyN) – La ex subsecretaria de Acción Comunal porteña Fabiana Fiszbin fue alertada expresamente sobre las graves falencias que existían en las discotecas porteñas, un año antes de la masacre de República Cromañón, y estaba al tanto de que sólo el 10 por ciento de los boliches estaba en condiciones de funcionar. Así se lo dijo ayer a la jueza María Angélica Crotto el defensor del Pueblo Adjunto, Atilio Alimeni.

Es que Alimeni fue convocado como testigo ante el juzgado que investiga la muerte de 192 jóvenes en el local de Once para dar cuenta sobre el informe que había hecho la Defensoría en torno al funcionamiento de los locales bailables porteños.

En sus dichos, confirmados ante DyN, Alimeni cargó las sospechas de Fiszbin, quien había sido notificada en enero del 2004 de las irregularidades que existían en el 90 por ciento de los locales. Y por eso, tanto Fiszbin como sus superiores, Juan Carlos López y Aníbal Ibarra, quedaron un poco más comprometidos en la investigación. Precisamente, la mayoría de las víctimas de la masacre de República Cromañón se presentará mañana ante la jueza Crotto para exigirle urgentes medidas sobre los funcionarios del Gobierno porteño sospechados. «Cuando más tiempo se pierda, las redes de corrupción van a tratar de taparlo todo.

Eso nos preocupa y queremos que ya mismo se empiecen a tomar medidas para avanzar sobre ese tema», dijo José Antonio Iglesias, abogado y padre de las víctimas, que se convirtió en líder de la querella unificada. Sin embargo, los familiares quedaron divididos porque la jueza avaló la creación de otro grupo de víctimas para actuar en el expediente.

Mientras tanto, en el Gobierno porteño se aguardaba con pocas esperanzas la resolución que tome el Superior Tribunal de Justicia porteña en torno al pedido del jefe de Gobierno para evitar la recolección de 520 mil firmas que permitan llamar a un referéndum para poner bajo la lupa su mandato. Como ayer y hoy son feriados por carnaval, el fiscal general porteño, José Mandalounis, tiene tiempo hasta el miércoles próximo una opinión sobre el tema, pero ese mismo día el Tribunal Superior de Justicia celebrará un plenario en el que resolvería la petición de un pedido de un particular incluir al vicejefe de Gobierno, Jorge Telerman, en el referendo.

En la causa por la masacre en sí, los funcionarios porteños quedaron ayer un poco más comprometidos, tras el testimonio de Alimeni. Alimeni repasó cada uno de los datos que indicaban que solo el 10 por ciento de las discos estaban en condiciones de ser habilitadas, tal como lo señala el informe 631/04, que coincidentemente figura en las primeras páginas del expediente. «Ratifiqué aquel informe y también le dije a la jueza que previamente le había hecho llegar la misma información en mano a la subsecretaria Fiszbin, para que no hubiera vueltas ni retrasos de ningún tipo», explicó.