Ampliaron el pedido de juicio político en su contra

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BUENOS AIRES (ABA).- El pedido de procesamiento a Amado Boudou por supuesto enriquecimiento ilícito, concretado ante el juez federal Ariel Lijo, alcanzó inmediata repercusión en ámbitos como el Congreso Nacional. Los diputados Patricia Bullrich (Unión por Todos), Federico Pinedo y Paula Bertol (PRO), Eduardo Amadeo (Peronismo Federal) así como Omar De Marchi y Roberto Pradines (Partido Demócrata de Mendoza), pidieron ayer la ampliación del juicio político a Boudou por los “hechos nuevos” que tomaron estado judicial. En el escrito, los legisladores destacaron que de acuerdo a la denuncia del fiscal Jorge Di Lello -que también involucra a Alejandro Vandenbroele, José María Núñez Carmona, y Agustina Kampfer- “el vicepresidente no solo sería partícipe de sospechosas operaciones incompatibles con la función pública (delitos que están siendo investigados por la justicia federal), sino que también llevarían a suponer el enriquecimiento ilícito del aludido en tanto los bienes que se estiman de su titularidad, testaferros mediante -de corroborarse- configurarían el delito previsto y reprimido por el Art. 268 del Código Penal de la Nación”. Los diputados consideran que se trata de nuevas causales de “mal desempeño” que deberían ser analizadas por la Comisión de Juicio Político en forma conjunta con las en su oportunidad presentadas. Las denuncias Recalcaron los congresistas que el trámite judicial dio cuenta ayer de episodios que involucrarían a Boudou y que ya habían sido denunciados por ellos mismos ante la Oficina Anticorrupción: I.- Compra de terrenos en el exclusivo Barrio Privado del Partido de la Costa denominado “Costa Esmeralda” en la localidad de Pinamar. II.- Su participación accionaria directa o indirecta en las sociedades sospechadas de corrupción Compañía de Valores Sudamericana SA y London Suplly. III .- La sugestiva locación “simulada” del inmueble que habita el enrostrado en calle Juana Manso 740, piso 25, Departamento 3, Torre 2, Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. IV.- El hecho de contar con importantes sumas de dinero depositadas en cuentas bancarias locales, tales como Banco de la Nación Argentina, Banco Francés, American Express y Citibank, las cuales no condicen con su sueldo de empleado público durante el última década. El paper concluye subrayando que el vicepresidente “se encamina a ser procesado por todos los delitos contra la Administración Pública tipificados en el Código Penal de la Nación, toda vez que ya ha sido procesado por dádivas (de acuerdo a la presentación de Ricardo Monner Sans), uso de helicóptero de un contratista del Estado y la compra de 19 autos de lujo por compra directa, sin licitación (casos que tramitan ante Sergio Torres), uso de fondos de la Anses acusación radicada en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría; documentación falsa de un automóvil Honda CRX modelo 92 que instruye el juez Claudio Bonadío y el caso de la ex Ciccone que investiga Lijo y “dio lugar al pedido de Juicio Político que se pretende ampliar”.