El transporte en Bariloche, una bomba de tiempo

Por su peso específico y por el impacto que genera en la vida cotidiana de miles de barilochenses, el transporte urbano se transformó en un tema de alta sensibilidad, que enciende debates y desvela a los gobiernos.

La empresa sanjuanina Amancay, que explota el servicio en Bariloche desde hace casi dos años, quedó en el ojo de la tormenta con el nuevo pedido de revisión tarifaria, que mantiene al boleto local entre los más caros del país.

Se le sumó también la decisión de la firma (que usa el nombre comercial Mi Bus) de retacear frecuencias en forma inconsulta y atrasar el pago de salarios, que funcionan como factores de presión extra para la actualización tarifaria.

Esas tensiones serían apenas una muestra de la crisis que se avecina si el gobierno nacional cumple con su anuncio de retirar todos los subsidios al transporte desde el próximo 1 de enero. La quita para Bariloche sería superior a los 150 millones de pesos. Hasta hoy, el gobierno municipal no prevé otra opción que cargar esa mochila sobre los usuarios.

Desde abril pasado el boleto mínimo cuesta 19 pesos. La pretensión de Mi Bus es llevarlo en lo inmediato a 26,04 pesos y a 29,97 pesos a partir de enero.

El precio del boleto lleva varios años con aumentos superiores a la inflación. En 2016 el tarifazo fue del 60%, el año pasado alcanzó el 30,3% y este año (si el intendente Gustavo Gennuso convalida los 26 pesos exigidos por la empresa) llegará al 58,4%.

En la audiencia pública realizada el miércoles pasado hubo numerosas voces de rechazo al nuevo aumento y a la política seguida por el municipio en relación con el transporte. La Defensora del Pueblo, Beatriz Oñate, manifestó también su absoluta oposición. “El asalariado, el que vive de changas, el desocupado no pueden tolerar más aumentos -afirmó durante la audiencia-. El ciudadano de a pie no puede ser variable de ajuste”.

Oñate se reunió el lunes con representantes de la Multisectorial del Transporte Urbano, con quienes acordó realizar una presentación judicial para frenar la suba del boleto. “Podríamos promover una medida cautelar, pero todavía no están definidos los términos”, aseguró la Defensora.

Uno de los referentes de la Multisectorial, Ángel Vainstein, explicó que la idea es poner el foco sobre “las ilegalidades cometidas con la audiencia pública”, que es un requisito obligatorio y que habría estado mal convocada. Varios de los oradores pidieron su nulidad y se quejaron del retaceo de información, del horario elegido y de las dificultades para acceder al expediente.

Las críticas al nuevo ajuste tarifario podrían reavivarse en la movilización convocada para mañana a las 18 en el Centro Cívico, en coincidencia con el día fijado por el municipio para entregar el informe final de la audiencia.

Números que no cierran

Más allá de la pulseada verbal, lo que está en juego es cómo resolver la ecuación económica de un servicio público clave, que incide en el bolsillo de miles de familias.

Según la información aportada por la empresa, los colectivos transportan en Bariloche 12,3 millones de pasajeros por año, sin contar a los estudiantes de todos los niveles, que no pagan boleto.

El sistema consta de 22 líneas, que en conjunto recorren más de 600 mil kilómetros por mes. Pero el combustible subsidiado por la Nación (a mitad de precio) sólo alcanza para 544 mil kilómetros. Ese tope no cambia desde hace más de una década. La nómina de personal de Mi Bus está integrada por 303 trabajadores.

El índice de pasajero por kilómetro es de 1,68, cuando en cualquier ciudad equivalente no baja de 2. Esa sería la principal razón del alto costo del boleto. Además, la sobrecarga por la gratuidad del servicio para los estudiantes también eleva más de un 25% la tarifa general.

Mi Bus sostuvo que con los últimos aumentos de costos -incluidos salarios, combustibles, reparaciones y amortización de unidades-, la tarifa mínima no debe ser inferior a 26,04 pesos.

Panorama oscuro

En su presentación, la gerente de la concesionaria, Nuria Maillot, hizo hincapié en que Bariloche no tiene ningún aporte extra del Estado para cubrir la pérdida de ingresos por el viaje gratuito de los estudiantes, como sí ocurre (por ejemplo) en Córdoba y Mendoza.

Consultada por este diario, Maillot dijo que sin los subsidios nacionales -que cubren alrededor del 45% del costo total- el boleto debería costar 43 pesos. Pero desde el municipio calcularon que a valores de enero próximo la tarifa base rondaría los 47 pesos.

El dilema es que esos números son apenas una referencia teórica, porque con un tarifazo de ese calibre la cantidad de pasajeros caería en forma abrupta y tornaría inviable el sistema bajo el actual formato.

Una opción hasta ahora desechada por el municipio es poner en revisión el contrato con Mi Bus (al que le quedan todavía ocho años de vigencia) y discutir entre otros puntos su tasa rentabilidad, que fue establecida en “un 20% como máximo”.

Los funcionarios municipales no adelantan ninguna estrategia. Sólo están atentos al reclamo que preparan otras “grandes ciudades” ante Nación para evitar la eliminación de los subsidios y han rechazado la posibilidad de modificar el régimen de boleto escolar gratuito, como sugirieron desde la provincia.

En lo inmediato, y a juzgar por los antecedentes, Gennuso convalidará en breve el aumento pedido por Mi Bus, que entraría a regir el mes próximo.

Saldado ese diferendo, el municipio se prepara para uno mayor, que estaría condicionado por la desaparición definitiva de los subsidios.

“El asalariado, el que vive de changas, el desocupado no pueden tolerar más aumentos. No puede ser variable de ajuste”.

La Defensora del Pueblo de la municipalidad, Beatriz Oñate.

“El costo operativo por kilómetro está calculado en un 25% más que lo habitual en el resto del país, sin que exista razón alguna”.

El especialista Esteban Estévez expuso en la audiencia pública.

Uno de los reclamos repetidos de los usuarios tiene que ver con los magros resultados que produjo hasta ahora la “comisión de seguimiento del transporte”, creada el año pasado junto con la firma del contrato con Mi Bus.

Si bien no fue planteada como un organismo fiscalizador, la comisión sí debía funcionar como un espacio de evaluación continua del sistema, de ajuste de los recorridos y frecuencias, y también de evaluación técnica de los costos en forma independiente a los datos aportados por la empresa.

En la práctica se reúne sin la frecuencia suficiente y está lejos de mantener la independencia reclamada por la Multisectorial del Transporte.

De acuerdo con su diseño original, la comisión está integrada por dos representantes del Ejecutivo municipal, dos del Concejo, uno de Mi Bus y uno del gremio UTA. La concejal Ana Marks presentó un proyecto para ampliar la mesa y sumar un tercer concejal por la oposición, más un representante por las personas con discapacidad, otro por los estudiantes y dos referentes socia. El oficialismo no quiere sabe nada con ese esquema y le bajó el pulgar.

Verdades en jaque