Buitres hambrientos

Para frustración de los holdouts o fondos buitre que quieren que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por fin les dé los más de 1.300 millones de dólares que, según la Justicia norteamericana, les corresponde, o que por lo menos se resigne a negociar de buena fe con ellos con miras a alcanzar una solución definitiva al problema, parecería que el tema de la deuda ya no preocupa a nadie. Si bien siguen aumentando los costos económicos y por lo tanto sociales del aislamiento financiero que el gobierno ha elegido, otros asuntos, de los que el más importante tiene que ver con la muerte dudosa del fiscal Alberto Nisman, han monopolizado la atención de los interesados en las vicisitudes políticas del país. En un esfuerzo por hacerse oír nuevamente, la gente de una entidad que se llama “American Task Force Argentina” que está apadrinada por el “buitre” más notorio, Paul Singer, acaba de difundir un informe en el que denuncia el enriquecimiento presuntamente ilícito de catorce dirigentes kirchneristas, entre ellos el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo; el secretario de Seguridad, Sergio Berni; el exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y el exjefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, pero es de prever que el impacto sea limitado. Nadie ignora que la Argentina es un país sumamente corrupto en el que es considerado normal que, merced a sus lazos familiares, su amistad con empresarios o su astucia como inversores, políticos y funcionarios consigan acumular mucho dinero a pesar de que sus sueldos formales sean decididamente modestos. Asimismo, aunque a primera vista el crecimiento de ciertos patrimonios, como el de Berni que, según se informa, se incrementó en un 4.000% en un solo lustro, parece muy impresionante a quienes viven en países más estables que la Argentina en que la moneda suele conservar su valor, los acusados han podido señalar que los beneficiaron nominalmente la inflación y los revalúos inmobiliarios aplicados últimamente por gobiernos como el bonaerense. Puesto que el gobierno está convencido de que los costos políticos de llegar a un acuerdo con los fondos buitre serían excesivos y los líderes opositores prefieren hablar de otra cosa por miedo a verse acusados de estar al servicio de malignos intereses foráneos, es de prever que la situación actual se prolongue hasta nuevo aviso. Aunque los encargados de la economía nacional ya no tienen motivos para preocuparse por los alcances de la cláusula RUFO que el año pasado le impedía ofrecerles más a los holdouts que a aquellos acreedores que habían entrado en los canjes leoninos propuestos por el gobierno kirchnerista, creen que les conviene tener como enemigos a especuladores que, según Randazzo, “son unos delincuentes que pretenden lucrar con el esfuerzo de los argentinos”. La actitud así manifestada se asemeja mucho a la asumida por el nuevo gobierno heleno en su lucha contra la canciller de Alemania, Angela Merkel, pero mientras que millones de griegos corren el riesgo inmediato de sufrir en carne propia las consecuencias concretas de la guerra verbal que están librando sus líderes contra los acreedores, en nuestro país las repercusiones ya se han hecho sentir y parecería que la mayoría está resignada a que todo siga igual. Mal que nos pese, calificar a los inversores de “mafiosos” insaciables que sólo merecen desprecio, razón por la que el gobierno no tiene ninguna intención de acatar un fallo judicial en su contra, envía al resto del mundo un mensaje que ningún financista en sus cabales puede pasar por alto. A cambio de algunas ventajas políticas efímeras, Cristina y sus colaboradores se las han arreglado para ahuyentar a una multitud de inversores en potencia, tanto extranjeros como nacionales, de tal modo condenando a millones de personas a la pobreza. Por desgracia, ya es demasiado tarde para que el gobierno actual intente despolitizar el problema planteado por los holdouts que, no lo olvidemos, han ganado casi todas las instancias legales, con el propósito de buscar una solución pragmática, mientras que a su sucesor le tocará tratar de evitar ser acusado de estar dispuesto a permitir que Singer y compañía lucren “con el esfuerzo de los argentinos”, lo que no le será del todo fácil.

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