Bussi también se negó a declarar pero dijo que participó de una guerra

El retirado general del Ejército Antonio Domingo Bussi, gobernador de facto en Tucumán durante la última dictadura militar, se negó ayer a declarar ante la Justicia Federal sobre su presunta responsabilidad en el Plan Cóndor, pero aseguró que participó de «una guerra» por orden del Gobierno de la ex presidente María «Isabelita» Martínez de Perón.

De acuerdo con la información suministrada por fuentes judiciales, Bussi presentó un escrito al juez federal Jorge Urso en el que manifestó que actuó «en cumplimiento de instrucciones» de «un gobierno democrático».

Se refirió, así, al decreto mediante el cual la administración de la viuda del general Domingo Perón dispuso, en 1975, «aniquilar la subversión».

Hoy el juez indagará al ex dictador Jorge Rafael Videla, que cumple arresto domiciliario por el robo sistemático de bebés y está procesado en numerosas causas por violaciones a los derechos humanos no sólo aquí sino también ante tribunales extranjeros.

Bussi, de 78 años, se definió como «un perseguido político» y, bajo la asistencia de la defensora oficial Perla Martínez de Buck, pidió a Urso que mantenga el régimen de prisión domiciliaria que le otorgó la Justicia en otros procesos penales por delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura. Urso investiga el secuestro y desaparición de decenas de personas que en los '70 fueron víctimas de mecanismos de cooperación entre las dictaduras de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

En el marco del proceso el juez libró la captura de los ex ministros del Interior y de Planificación de la dictadura militar, generales retirados Eduardo Albano Harguindeguy y Ramón Genaro Díaz Bessone, respectivamente, así como de más de treinta altos jefes de la dictadura.

El juez, además, convocó Videla a ampliar su declaración indagatoria pero la defensa del ex dictador ya presentó un escrito mediante el cual impugnó la anulación de las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987), que garantizaron impunidad a cientos de represores pero quedaron sin efecto en setiembre pasado, por decisión del Congreso.

(DyN)