CALF confirmó que reclama una millonaria deuda al Municipio de Neuquén
Las primeras líneas de la cooperativa aseguraron que tienen un problema “financiero” pero no “económico”.
La cooperativa tiene “un problema financiero, no un problema económico. Estamos en buenas condiciones para afrontar lo que se viene”, sostuvo el vicepresidente de la CALF, Marcelo Severini, a los concejales de la capital neuquina durante el tratamiento del nuevo contrato de concesión que se extenderá hasta 2040.
Detalló que la cooperativa mantiene un reclamo administrativo por 900 millones de pesos iniciado en septiembre contra la comuna por el desfinanciamiento de la entidad tras la demora en la autorizar la adecuación tarifara en 2019.
Contabilizó otros 270 millones de pesos reclamados al gobierno provincial por tarifa social y 230 millones de pesos más por deudas de consumo (policía, escuelas, edificios públicos). Además, agregaron, existe una mora de más de 360 millones de pesos por la facturación durante el tiempo de pandemia.
“No pagó ni está pagando”, fue la respuesta de la cooperativa respecto de la morosidad de la administración provincial sobre la deuda.
En la discusión en comisión del Deliberante los cuestionamientos de Juntos por el Cambio giraron en torno al gasto de personal de la entidad y a los sueldos de profesionales. Desde la CALF se defendió la prestación eficiente del servicio con mejoras en la cobertura eléctrica en toda la ciudad y una estructura operativa que no incrementó su planta desde 2007, según indicó Carlos Saita, gerente de la entidad.
Ante consultas puntuales sobre la implementación de la tarifa plana y los costos fijos que resultaron ser la mayor modificación del contrato nuevo, el equipo técnico de CALF reiteró que el pago por los consumos residenciales serán menores por un equilibrio de cargas de lo que se cobrará con la factura.
“El comerciante menor, en promedio, tendrá una reducción de casi un 17%”, insistió el ingeniero Claudio Travaglini, representante de CALF ante el concesionario.
Se reiteró que en la actualidad los residentes de áreas más pudientes pagan boletas inferiores a los consumos en barrios más alejados o inclusive en regularización, y que con la incorporación de la tarifa plana más los valores fijos, ese pago desigual se modificará.
No se cuestionó que el nuevo esquema propuesto será de “transición” por varios años hasta contar con el estudio específico de la composición de la demanda y consumo en la ciudad. La contratación de este estudio -aparentemente con la Universidad de San Juan- será tras la aprobación de la concesión.
Las consultas avanzarán la semana entrante con la intervención de la cámara de Comercio (ACIPAN) y las opiniones de colegios de profesionales.
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Las pérdidas no técnicas, otra vez en el eje del debate
El equipo gerencial de CALF introdujo al debate la necesidad de contar con una legislación que les permita regularizar más de 3.000 hogares que viven sin servicio eléctrico o colgados de la luz. Es lo que se conoce como pérdidas no técnicas.
El gerente de CALF, Carlos Saita, destacó que “durante la gestión (de Carlos) Ciapponi se regularizaron 1.800” viviendas que no contaban con el servicio.
Agregó que hay 2.580 en proceso de normalización, algunas en acuerdo con la Provincia debido a que ocupan terrenos provinciales y otras en sectores de dominio municipal, con acuerdos en marcha con el Instituto Municipal de Urbanismo y Habitat (IMPUH).
La cifra por las pérdidas de energía debido a las tomas tiene una estimación anual superior a los 260 millones de pesos, aunque indicaron que lo más importante será “tener una ordenanza que nos permita hacer una normalización y acortar los plazos de los vecinos” para implementar un sistema provisorio sin riesgo, a uno de regularización de la prestación eléctrica, plantearon.
La estimación de las pérdidas no técnicas crece año tras año por el valor de la energía y por nuevos “enganchados”.
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