Cambio en Gran Bretaña

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Conscientes de que cualquier demora entrañaba el riesgo de hacer de su país el próximo blanco de un despiadado ataque especulativo, el líder de los conservadores británicos David Cameron y el liberal demócrata Nick Clegg optaron por formar un gobierno de coalición que, dicen, será lo bastante “fuerte y estable” como para durar cinco años. Así, pues, una crisis política que amenazaba con prolongarse debido a la resistencia del ya ex primer ministro Gordon Brown a darse por vencido a pesar de las pérdidas sufridas por su partido en las elecciones del 6 de mayo se resolvió en menos de una semana. Aunque muchos prevén que los socios pronto encontrarán motivos para separarse es posible que el arreglo funcione, ya que en el Reino Unido casi todos coinciden en que serán necesarias medidas muy duras para reducir un déficit público enorme y hacer frente a una multitud de problemas sociales. Aunque los liberales demócratas suelen ubicarse a la izquierda de los conservadores e incluso del grueso de los laboristas, parecen entender que no les convendría en absoluto procurar frustrar los previsibles intentos del nuevo gobierno de reordenar las finanzas británicas, lo que le permitirá a Cameron afirmar que el gobierno que encabeza no es meramente conservador sino de unidad nacional. Los desafíos ante Cameron y Clegg son muy grandes. Además de reducir un déficit fiscal que, merced a los “paquetes de estímulo” con los que el gobierno de Brown buscó atenuar el impacto de la crisis financiera, se aproxima al 12% del producto bruto, tendrán que enfrentar las consecuencias sociales de una década de inmigración descontrolada que ha modificado radicalmente la demografía británica, tratar de tranquilizar a los muchos que están convencidos de que el estallido de consumismo de los últimos años no ha servido para mejorar la calidad de vida sino que, por el contrario, la ha socavado; revertir el deterioro preocupante del sistema educativo, combatir la delincuencia y restaurar el prestigio de una clase política que, de acuerdo común, está integrada por personas más interesadas en aprovechar las oportunidades para vivir a costillas de los contribuyentes que en servir a la ciudadanía. Asimismo, la pareja necesitará resolver sus diferencias sobre asuntos como la relación del Reino Unido con el resto de Europa –Cameron es “euroescéptico” y Clegg se caracteriza por su entusiasmo por la integración europea– y con Estados Unidos. Para muchos conservadores, aunque no necesariamente para Cameron, la “relación especial” con la superpotencia angloparlante es de importancia fundamental, pero desde el punto de vista de los liberales demócratas debería subordinarse a los intereses del proyecto europeo. De todos modos, parecería que por ahora Cameron, Clegg y sus respectivos correligionarios comprenden que la economía es prioritaria y que a menos que logren brindar la impresión de estar en condiciones de manejarla con la firmeza exigida, el Reino Unido podría encontrarse muy pronto en una situación equiparable a la de países como Grecia, Portugal y España, donde dudas en cuanto a su capacidad para mantenerse a flote han obligado a los gobiernos a poner en marcha ajustes que, como fue de prever, son resistidos por los sindicatos del sector público. Por motivos ideológicos y, según sus adversarios, clientelistas, antes de producirse la crisis financiera internacional los laboristas, confiados en que los ingresos colosales que generaban los servicios financieros de Londres les permitirían gastar cada vez más, habían aumentado mucho la cantidad de empleados públicos, pero han cambiado tanto las circunstancias que el nuevo gobierno no tendrá más alternativa que la de eliminar una proporción muy significante de los puestos bien remunerados que se han creado. En opinión de Cameron, su país tendrá que abandonar la cultura de dependencia de quienes anteponen sus supuestos “derechos” a sus “responsabilidades” para que haya “una economía que premie al que trabaje, donde los que pueden, deben, y donde los que no, siempre recibirán ayuda”. Suena muy bien en teoría pero, como están aprendiendo los griegos y los españoles, una cosa es reconocer que el Estado benefactor ya no puede sostenerse y que por lo tanto es forzoso achicarlo y otra muy diferente recortarlo sin provocar graves conflictos sociales.