Salud mental: ejemplo holandés

Fabian Wotnip

Señor Director:

En momentos en que la salud mental comienza a ocupar espacio en la agenda pública, pero todavía se aborda desde simplificaciones ideológicas, urge revisar la Ley Nacional de Salud Mental (Ley 26.657) a la luz de modelos avanzados como el neerlandés.

Desde 2020, los Países Bajos aplican la Ley Wvggz, que contempla internaciones involuntarias sólo en situaciones de riesgo grave para sí o para terceros, pero con garantías jurídicas estrictas: el paciente cuenta desde el inicio con un abogado gratuito, puede presentar un plan propio de tratamiento alternativo a la internación, y no puede ser sometido a tratamientos sin consenso clínico ni respaldo judicial. No se suprime la internación: se la regula, se la dignifica y se la revisa en forma periódica con protocolos modernos, interdisciplinarios y centrados en el bienestar del paciente y de la comunidad.

La ley holandesa no persigue al psiquiatra: lo respalda con recursos, lo pone en diálogo con el juez, con el defensor, con la familia. Reconoce que el sufrimiento psíquico necesita cuidado, no abandono, y que el médico debe poder intervenir cuando la razón se ha desorganizado. No hay falsa dicotomía entre derechos y ciencia.

Ahora bien, ¿qué sucede cuando una persona comete un crimen gravísimo, como el reciente asesinato de dos niñas en La Boca, y es declarada inimputable por motivos de salud mental? En Argentina, ese hombre fue liberado sin condena firme, sin programa de tratamiento, y sin supervisión estructurada. En los Países Bajos, un sujeto así sería derivado a un hospital psiquiátrico forense, con seguimiento judicial y médico permanente, y evaluaciones periódicas para determinar su peligrosidad y su recuperación. No se lo criminaliza, pero tampoco se lo abandona. No se le niega tratamiento ni se relativiza el daño a las víctimas.

Argentina necesita una reforma valiente. Hoy, muchos pacientes psicóticos graves deambulan por la calle sin diagnóstico, sin medicación y sin redes de apoyo, mientras sus familias claman por ayuda y los psiquiatras enfrentan trabas legales para intervenir. A la vez, se desmantelan hospitales especializados sin ofrecer dispositivos alternativos viables ni recursos reales.