Caso Altec: Campbell cara a cara con el juez

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El ex presidente de Altec SE, Guillermo Campbell prestó ayer una extensa declaración indagatoria ante el jugado Federal en el marco de la investigación por evasión de impuestos que compromete a la empresa en 1,5 millón de pesos con la AFIP.

La denuncia penal que radicó el organismo en mayo del 2003 por violación al artículo primero de la ley Penal Tributaria, gira en torno de la elusión del pago de ganancias sobre más de 260 facturas cuya legitimidad también está cuestionada. De este expediente se desprendió una segunda causa que podría desnudar un millonario desfalco al estado provincial, pero se encuentra demorada por un conflicto de competencia.

Campbell ingresó al juzgado federal pasadas las 9.10 en compañía del abogado Luis María Terán Frías y se retiró dos horas después evitando todo contacto con la prensa. En cambio no se presentó el ex-gerente general de la empresa, Wálter Gaidú, quien también citado a declarar en calidad de imputado por el mismo delito.

El ex-funcionario provincial salió solo y de buen talante pero al ser consultado por el cronista de «Río Negro» respondió ofuscado «no te pienso atender y menos a ese diario», tras lo cual retornó sobre sus pasos hacia al interior del tribunal para volver a salir minutos después junto Terán Frías.

También el juzgado mantuvo el habitual hermetismo en torno al contenido de la extensa indagatoria, limitandose a señalar que recién a partir de este paso el juez Leonidas Modes definirá la carátula de la causa madre, que lleva el número de expediente 4877/03.

La presunta evasión investigada por la justicia federal fue detectada por la AFIP-DGI tras los allanamientos a la sede de Altec realizados en julio de 2002 durante un operativo de rutina motorizado por una deuda previsional.

Al poco tiempo el organismo libró una determinación de oficio por la supuesta evasión de 329.593 pesos de impuesto a las ganancias correspondiente al período 98/99, cifra que trepa al 1,5 millones de pesos al aplicarse la multa e intereses regulados por la ley Penal Tributaria.

El reclamo civil fue rápidamente apelado por la anterior conducción de la empresa ante la sala C del Tribunal Fiscal de la Nación, asegurando que las facturas cuestionadas son legítimas y desconociendo el monto de la deuda.

Esta línea argumental es sostenida por el actual direc

torio de la empresa.

La causa penal siguió su curso ajeno al reordenamiento interno de Altec, recayendo sobre Campbell, Gaidú y otros dos imputados cuyos nombre no trascendieron dado que todavía no fueron citados a declarar.

El material probatorio acumulado en la causa madre derivó en un segundo expediente -el 5004/03- caratulado «Campbell Guillermo sobre delito contra la administración pública», que se encuentra empantanado por un conflicto de competencia.

Esta segunda causa, que a criterio del juez federal Leonidas Modes se trata de «un delito común que no afecta a rentas de la Nación», fue rechazada por el juzgado penal 4 de esta ciudad. La diferencia de interpretación al magistrado a remitirla a la Corte Suprema de Justicia para que dirima la sede a fines de diciembre pasado.

El posible delito investigado se encuadra en el artículo 261 del Código Penal y afectaría al erario provincial.

Extraoficialmente se pudo conocer que en el expediente 5004/03, constan más de 260 facturas que habrían sido fraguadas y cheques concordantes con las mismas que habrían sido librados por servicios inexistentes.

En el directorio de Altec se mantiene un cauteloso silencio en torno a los supuestos desmanejos administrativos de la gestión anterior y las causas penales abiertas.

No obstante, existe cierta inquietud por las derivaciones que pueda tener la investigación judicial en el reordenamiento de la empresa.