La seguridad del poder judicial: un tema sin definiciones

La agresión a un psicólogo en medio de un juicio por abuso sexual puso en evidencia los problemas de seguridad en el edificio penal de Cipolletti. El profesional, que había sido citado a declarar, fue abordado por un grupo de mujeres que se manifestaban en la Oficina Judicial. Una semana después el mismo debate debió suspenderse porque el edificio no contaba con los policías necesarios para el desarrollo de la audiencia.

No es novedad que el edificio de España 742 registre episodios de violencia. Jueces y fiscales han sido abordados con aerosoles en causas de abuso sexual, hubo un tiroteo en la vereda de tribunales, imputados han ingresado con cuchillos, fugas escandalosas y hasta un explosivo en la defensoría fueron noticia alguna vez.

El cambio del Código Procesal aportó un condimento. La gran cantidad de audiencias que se desarrollan en simultáneo hacen que circule mucha gente. Una cuestión que también genera problemas de convivencia entre víctimas, victimarios, familiares y manifestante. Eso pasó con el caso del psicólogo Claudio Marín, quien se presentó a dar testimonio sobre la entrevista que mantuvo con una menor. Allí supuestamente la víctima declaró lo contrario a lo que había dicho en una cámara Gesell cuando acusó a su padre por abuso sexual. Tal situación causó el enojo de un grupo de mujeres que militan en contra del abuso y Marín fue recibido a huevazos en la mesa de entradas de la Oficina Judicial.

Una semana después, el juicio debía continuar en horas de la tarde pero la víctima y su familia se presentaron e insistieron con que debía “levantarse la acusación” en contra del detenido, que ya cumple otra condena por abuso sexual. Eso generó preocupación sobre todo por la tensión con que se venían desarrollando las audiencias. La Oficina Judicial decidió suspender el debate porque no había los suficientes policías y tampoco cuentan con detectores de metales, como en los tribunales de Roca por ejemplo. El juicio se reprogramó para el día siguiente y después se movió un día más. Por “problemas de agenda” le explicaron a las partes.

Las organizaciones que militan por conseguir condenas ejemplares contra los abusadores no ocultaron su malestar. Consideraron que es una falta de consideración para con las víctimas y sus familias porque “los hacen ir y venir en cualquier día y horario”, afirmaron. A veces se enteran por los medios de comunicación, aseguró una de las referentes. El ánimo no fue favorable esta semana para los grupos sociales porque además el malestar se incrementó por la liberación de otro hombre condenado por abuso a quién la Corte Suprema no le resolvió el recurso en el tiempo estimado. Entonces se venció el plazo de los tres años y seis meses para la preventiva. Los jueces, en consecuencia, debieron firmar su excarcelación.