Reclamó por su hija discapacitada y la llevaron a juicio

La Fiscalía comenzó a juzgar ayer a una mujer, madre de una niña discapacitada, que reclamó por una prestación a su hija en la sede del Ipross de Cipolletti. La desmedida conducta de la afiliada, según la acusación, demandó la intervención de 12 policías, un subcomisario y determinó el cierre de la obra social por dos días.

La niña padece una discapacidad, tiene movilidad reducida por un desplazamiento de cadera y padece un sinnúmero de complicaciones en su salud. la imputada es sostén de familia, tiene otros dos hijos a cargo, y peregrina por las oficinas públicas gestionando internaciones, asistencia, medicamentos y recursos de amparo. Ese día puntualmente pedía un traslado de su hija a Bariloche, reclamaba que debía ser en taxi o en auto particular, porque no podía someterla al extenso viaje en un colectivo de línea.

Ella ya era conocida en la obra social de la Provincia e incluso ayer en el juicio la fiscalía afirmó que había protagonizado otros hechos de violencia y que ellos mismos le habían “concedido beneficios procesales” con anterioridad. Es por eso que ahora pretenden ponerle un límite y la acusan de amenazas y perturbación al ejercicio de la función pública. La procuración posee un protocolo de actuación para conflictos sociales basado en el diálogo y en la solución del conflicto. La fiscalía decidió avanzar hasta llegar al juicio.

Ayer varios testigos desfilaron atemorizados durante la audiencia de debate y pidieron declarar sin la presencia de la imputada. Todos alegaron afectaciones psicológicas y el lógico trauma de la revictimización por recordar lo ocurrido. El juez Julio Sueldo dio lugar al pedido del fiscal Gustavo Hererra que solicitó que la mujer deje la sala.

“Ese día llegó intempestivamente, entró a mi oficina y comenzó a insultarme. Me decía que yo tenía la autoridad para autorizarle un traslado en taxi a Bariloche porque era médica, pero eso no es así”, indicó una médica del Ipross que declaró ayer. Actualmente Bordón está de licencia hace más de un año. Afirmó que sufre de ataques de pánico, que por muchos meses no pudo salir sola de su casa y que sigue con tratamiento psiquiátrico.

Fue tal la situación que la fiscalía dispuso de personal permanente de la Oficina de Atención a la Victima (OFAVI), profesionales que tienen como misión contener y empoderar a víctimas de abusos sexuales y otros hechos aberrantes. Sin embargo ayer desplegaron toda su profesionalidad para con las médicas y los funcionarios públicos del Ipross.

La imputada, en cambio, nunca recibió contención y solo estuvo acompañada por el defensor público, Sebastián Nolivo. Al día de hoy su problema no se solucionó y ningún organismo, ni del ejecutivo ni judicial, se hizo eco del estado de vulnerabilidad de la niña, de su discapacidad y de sus derechos que han sido contemplados en los pactos internacionales.

Herrera sostuvo en sus alegatos de apertura que no se busca una pena de prisión efectiva para la imputada, pero que la mujer ha protagonizado en el pasado y en más de una oportunidad situaciones similares con agresiones a los trabajadores del Ipross y que en ese momento accedió a los beneficios procesales del criterio de oportunidad, sin cesar en la modalidad de sus reclamos.

“La razón de este juicio es la de imponer límites a las conductas violentas. Quien pretende hacer valer un derecho tiene toda la facultad de hacerlo, pero debe realizarlos dentro del marco de la ley”, sintetizó Herrera.

El incidente que llegó a una afiliada de Ipross a ser juzgada por el delito de amenazas y por perturbación ocurrió el 21 de diciembre de 2017. Antes había sido denunciada por la misma médica en dos oportunidades por situaciones similares. En esas circunstancias, según manifestó la teoría de la fiscalía, increpó a una de las médicas auditoras ingresando sin autorización a su oficina y profiriéndole amenazas.