Clima de temor
El juez federal Daniel Rafecas tiene mala suerte: dejó saber que no quería encargarse de la denuncia por encubrimiento contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el canciller Héctor Timerman que presentó el fiscal Alberto Nisman horas antes de morir con una bala en la sien, pero a pesar de su deseo evidente de ahorrarse tamaña responsabilidad, la Cámara Federal le ordenó asumirla. En cambio otros jueces federales, Sebastián Ramos y Ariel Lijo, lograron alejarse de la causa al declararse incompetentes, lo que, es de suponer, no nos dice nada acerca de su capacidad profesional. También esperaba distanciarse del caso más explosivo de los años últimos la fiscal Viviana Fein hasta que, por alivio de muchos y, desde luego, fastidio de algunos, decidió que, dadas las circunstancias, no le convendría tomarse las vacaciones que se había prometido. Por fortuna, parecería que los miembros de la Corte Suprema y otras autoridades judiciales se dieron cuenta a tiempo de que el espectáculo que estaban brindando aquellos jueces que, por motivos comprensibles, se resistían a arriesgarse, además de los funcionarios del gobierno kirchnerista que rezaban para que la fiscal Fein se fuera de vacaciones por un par de semanas, era más apropiado para una república bananera que para un país como la Argentina, de ahí las presiones para que por lo menos algunos magistrados se pusieran a la altura de sus responsabilidades. Mientras tanto, el juez Claudio Bonadio, el que está a cargo de la investigación de los laberínticos negocios hoteleros de la familia presidencial, acaba de informar que hace poco recibió una amenaza de muerte. En muchos círculos se ha instalado la idea de que la muerte de Nisman fue un “mensaje mafioso” enviado ya al gobierno, ya a aquellos funcionarios del Poder Judicial que no comulgan con el kirchnerismo. De tratarse de un suicidio por voluntad exclusivamente propia, no lo sería, pero puesto que desde el primer momento la mayoría cree que fue cuestión de un asesinato o suicidio inducido, casi todos lo han tomado por uno y no cabe duda de que ha tenido un impacto muy fuerte. Luego de una ausencia prolongada, jueces tanto oficialistas como los resueltos a conservar su independencia no sólo temen perder ciertos privilegios, sino también, lo que es mucho más grave, ser víctima de sicarios profesionales por razones que podrían calificarse de políticas. Antes de estallar el caso del fiscal que murió después de acusar a Cristina y Timerman de firmar un pacto espurio con los iraníes, los únicos jueces y fiscales que temían por su vida eran aquellos que investigaban los cárteles narcotraficantes; desde hace tres semanas está propagándose la sensación de que podría ser igualmente peligroso interesarse por las actividades de ciertos personajes relacionados con el gobierno nacional. Puede que las sospechas en tal sentido se hayan debido a nada más que las enfermizas pasiones políticas que ha provocado un gobierno convencido de que el poder depende de su capacidad para hacer pensar que todos sus adversarios son golpistas que fantasean con una dictadura antipopular, pero así y todo sería inútil negar que, a raíz de la muerte de Nisman, el clima político y jurídico imperante en el país se ha enrarecido mucho. Que ello haya ocurrido no debería motivar sorpresa. Hay tanto en juego que hubiera sido realmente asombroso que los acostumbrados a la impunidad se resignaran tranquilamente a permitir que la Justicia determinara su destino personal, sobre todo si, como consecuencia de una crisis económica que amenaza con agravarse mucho en los meses próximos, la opinión pública le fuera hostil. Los esfuerzos de Bonadio y otros magistrados por averiguar “la ruta del dinero K” ya planteaban una amenaza apenas tolerable a Cristina y sus allegados, pero la denuncia de Nisman, seguida por su muerte difícilmente explicable, los enfrentaría con otra que, por sus connotaciones internacionales, les parecería aún más peligrosa. Es posible que a nadie vinculado con el kirchnerismo se le haya ocurrido reaccionar con violencia ante el desafío imprevisto así supuesto, pero así y todo, a los defensores de la gestión de Cristina no les será nada fácil disipar la densa nube de sospechas que ya cubre el país y que, a causa de la conducta de los voceros oficiales más notorios, propende a hacerse cada vez más oscura.
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