Contrato roto

Si bien los voceros de la empresa alemana Siemens, que es una de las más grandes y más prestigiosas del mundo, han protestado contra la decisión del gobierno del presidente Fernando de la Rúa de rescindir el contrato para la confección de los DNI, es de suponer que por lo menos algunos directivos sentirán más alivio que pena por la ruptura de su relación nada amable con el Estado argentino. Al fin y al cabo, Siemens no participa en la elaboración de los DNI desde hace más de un año, porque a raíz de las fallas oportunamente denunciadas cuando hizo la primera entrega, el Registro Nacional de las Personas se encargó nuevamente del asunto y, según parece, está resuelto a continuar manejándolo, motivo por el que se ha comprometido a informatizarse adecuadamente con miras a reducir las demoras ya habituales, producir documentos seguros y bajar el precio. Puesto que el hipotético socio estatal se consideraba en realidad un rival que quisiera hacer gala de su propia superioridad técnica, fue de prever que Siemens no tardaría en encontrarse en problemas que, como es natural, atribuyó a la inoperancia de los empleados públicos, planteo que en vista de la fama que a través de los años ha sabido granjearse el Estado ha convencido a muchos.

De todos modos, al rescindir un contrato que conforme al titular de la Sindicatura General de la Nación, Rubén Bielsa, fue el fruto de otro negocio corrupto emprendido por los miembros del entonces gobierno de Carlos Menem, el Estado -es decir, los contribuyentes- tendrá que indemnizar a Siemens, que exigirá no sólo los 150 millones de dólares originalmente acordados sino también un monto similar para cubrir lo ya invertido, de suerte que el país podría tener que pagarle 300 millones de dólares, monto que no le será nada fácil encontrar. Puede entenderse, pues, la actitud del ministro de Economía, Domingo Cavallo, y del jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, que hubieran preferido intentar renegociar el contrato tanto por los costos que implicaría la rescisión como por la voluntad de ahorrarse la reacción negativa de Siemens y del gobierno alemán que había respaldado plenamente los intereses de sus compatriotas. Otro factor que ha sido necesario tomar en cuenta tiene que ver con la seguridad jurídica: en buena parte del mundo, los políticos y empresarios se inclinarán por dar a Siemens el beneficio de la duda en cualquier conflicto con el gobierno argentino, de suerte que en el caso de que se produzca una prolongada batalla legal el resultado, por coherentes que sean las razones que esgrimen los representantes del Estado, será que la reputación del país termine perjudicada, lo que no lo ayudaría a atraer más inversiones.

También es dudoso que en el futuro previsible las autoridades logren solucionar lo que en principio debería ser un problema sencillo pero que aquí ha provocado una multitud asombrosa de dificultades de toda índole durante varias décadas. Desde que se eligió agregar el DNI a la cédula de identidad tradicional – documento que la Policía Federal sigue tramitando con eficiencia notable-, la población del país ha tenido que acostumbrarse a atrasos en ocasiones fenomenales, dificultades burocráticas incomprensibles que han dejado a muchos sin identidad oficializada y costos a todas luces excesivos. Aunque parecería que últimamente la situación ha mejorado debido a la «competencia» entre el Registro de las Personas y Siemens, no hay garantía alguna de que no se deteriore nuevamente en cuanto el gobierno intente encontrar otra empresa o consorcio que esté en condiciones de brindar el servicio a un precio razonable y con el grado de eficiencia que puede exigirse. El gobierno no parece tener la intención de dejar la confección y reparto de los DNI en manos del Estado, de manera que es probable que pronto convoque a una nueva licitación en la que, se prevé, prueben suerte empresas francesas, norteamericanas y, quizás, israelíes, con la esperanza de que la sucesora de Siemens acepte producir documentos seguros a un costo que tendría que ser muy inferior al pretendido por los alemanes no sólo porque los 27 pesos por cabeza previstos por el contrato ya rescindido contribuyó mucho a su impopularidad, sino también porque tendrá que incluir en sus cálculos los costos de la indemnización.