Contratos petroleros, sin control

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RODOLFO CANINI (*) y humberto zambón (**)

Desde los años 90 hay un tema prioritario instalado en los debates y las preocupaciones de la opinión pública neuquina: el de los recursos petrolíferos. No es para menos. El gas y el petróleo representan bastante más del 50% de nuestro Producto Bruto Geográfico y, por lo tanto, son determinantes para los ingresos públicos y para toda la actividad privada provincial. Podríamos decir que el petróleo atravesó y atraviesa la vida de cada uno de los neuquinos y neuquinas. En este lapso se ha discutido la privatización o no de YPF, la provincialización del recurso, la reforma constitucional para eliminar las normas que regulan la actividad contrarias a la privatización y, en dos oportunidades, la prórroga de los contratos de concesión. En todos estos momentos hemos adoptado una firme posición en defensa de su nacionalización, de la explotación por la empresa estatal, y contraria a la renegociación de los contratos de concesión. Pero, a pesar de lo taxativo del texto constitucional, las concesiones fueron otorgadas y prorrogadas hasta el 2027, dejando en evidencia que los intereses económicos y sectoriales avasallaron, una vez más, el mandato constitucional. En estas condiciones, a los representantes del pueblo neuquino nos queda ejercer el control y verificar cuidadosamente el cumplimiento, por parte de las empresas concesionarias, de las obligaciones asumidas contractualmente. Hay que tener presente que de las inversiones y erogaciones que realicen las empresas en explotación dependen el empleo directo e indirecto de muchas familias neuquinas así como los ingresos provinciales por regalías, mientras que del cumplimiento de los compromisos de inversión en exploración depende el futuro económico de la provincia ya que no es un secreto la alarmante disminución de las reservas hidrocarburíferas conocidas. En la Legislatura hemos recibido un informe cuatrimestral (1º cuatrimestre del corriente año) que, si bien no es “el informe anual completo sobre el estado de ejecución y avance de todos los aspectos contenidos en los acuerdos relativos a las negociaciones operadas bajo el marco de la presente ley…” que establece la ley 2615, trae un resumen de las inversiones en explotación y en exploración que han realizado las empresas concesionarias desde el último cuatrimestre del 2008 a la fecha, incluyendo las previstas para todo el año en curso. El informe en cuestión pasó como un flash por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con un simple “tomado conocimiento, archívese”, haciendo más hincapié en la última acción. Una copia para catorce diputados y sin digitalizar el texto para que no se multiplicara la información, suponemos. Si bien el informe nos asegura que “…esta información da cuenta del cumplimiento de las empresas de sus respectivos acuerdos de renegociación…”, las cifras presentadas nos han generado una serie de dudas, por lo que decidimos hacer un pedido de informes al Poder Ejecutivo requiriendo la información completa y las aclaraciones pertinentes. Creemos que es importante que la opinión pública conozca estas dudas y también la respuesta, que esperamos se nos dé en el corto plazo. En el acta acuerdo aprobada por la ley 2615 (punto 3.3) se establece que YPF se compromete a ejecutar un plan de trabajo en las ocho concesiones renovadas en el 2008 por un total de 3.200.000.000 de dólares, “las que constituyen inversiones y erogaciones complementarias al acuerdo” del 2000. Es decir, se suman a las previstas en la primera prórroga contractual. En el contrato del 2000 YPF comprometió una inversión total de 2.500 millones para el quinquenio 2006-2010, es decir, 500 millones anuales. Según un documento de trabajo del ingeniero Luis Durán (“Renegociación de los ocho contratos petroleros de YPF SA”, de noviembre del 2008), de esos 500 millones en las ocho áreas en cuestión corresponden 168 millones anuales; desde septiembre del 2008 hasta fines del corriente año, que es el período informado, corresponderían 392 millones. Por su parte, el contrato firmado en el 2008 establece para el trienio 2008-2010 un total de 880 millones. Si sumamos los compromisos asumidos para los dos años y un cuatrimestre por el contrato firmado en el 2000 (392 millones) y los 880 del contrato del 2008 nos da, para el período comprendido entre el tercer cuatrimestre del 2008 y el fin del 2010, un total de 1.272 millones. Según el informe presentado por el Ejecutivo provincial, el total de inversiones realizadas y previstas para ese lapso es de 836,1 millones, monto notoriamente inferior al comprometido (un 35%). Mucho más grave es el caso de la exploración. El compromiso de inversión asumido por YPF en la superficie remanente de explotación (1.098,27 kilómetros cuadrados) es de un total de u$s 104.335.000, a realizar desde septiembre del 2008 hasta diciembre del 2027 (diecinueve años y un cuatrimestre), lo que significa una erogación anual de aproximadamente 5,4 millones por año. Hasta abril de este año sumaría aproximadamente nueve millones de dólares. Según el informe, el total invertido en este concepto desde la vigencia del contrato y hasta el primer cuatrimestre del corriente año fue de 1,3 millones de dólares, un 14% de lo comprometido. YPF fue la empresa que más inversiones comprometió pero, de acuerdo con su propio informe, no cumplió. Esta actitud se extiende a las demás empresas petroleras que, en menor medida, también comprometieron millonarias inversiones y al igual que YPF no cumplieron el acuerdo firmado en dos oportunidades con los representantes políticos del Estado neuquino. La ausencia de cumplimiento por parte las multinacionales y la falta de reacción por parte del gobierno provincial no hacen más que debilitar al Estado neuquino y, en consecuencia, poner en un estado de indefensión los intereses de la provincia y de sus habitantes. La ciudadanía neuquina merece una explicación clara y racional de las diferencias expuestas, ya que el tema es de suma importancia para toda la provincia. Mientras tanto, seguiremos bregando por la transparencia de la información pública, ya que la democracia requiere de una ciudadanía plenamente informada. (*) Diputado provincial del bloque Une-MUN-PS (**) Asesor económico del bloque Une-MUN-PS