Corruptos en la mira

Redacción

Por Redacción

A juzgar por lo que ha dicho, al presidente Mauricio Macri le gustaría mucho más encontrar a un colaborador suyo con las manos en la masa, lo que le brindaría una oportunidad para hacer gala de su firmeza, que encabezar una cruzada contra la corrupción del gobierno anterior, pero los funcionarios kirchneristas acusados de violar la ley se equivocan si lo creen dispuesto a ayudarlos para que no se vean constreñidos a rendir cuentas ante la Justicia. Desde su punto de vista, la voluntad de Macri de permitir que los jueces y fiscales se encarguen de los problemas vinculados con la corrupción es mucho peor de lo que sería una campaña gubernamental moralizadora, ya que no les será tan fácil politizar el asunto a fin de transformarlo en una lucha entre “lo nacional y popular” por un lado y una “oligarquía neoliberal extranjerizante” por el otro. Sin embargo, antes de iniciar su gestión como presidente, Macri dejó saber a su antecesora saliente y a distintos miembros de su entorno que no levantaría un dedo a favor o en contra de ellos porque a su entender le correspondería a la Justicia tener la última palabra. Entendieron muy bien lo que les decía, razón por la que se negaron a participar en el cambio de mando para entonces pasar a “la resistencia”. En la provincia de Buenos Aires y otras jurisdicciones están comenzando a proliferar denuncias de corrupción que darán lugar a causas judiciales, como ya ha sucedido en Jujuy donde la “luchadora social” Milagro Sala no tardó en verse encarcelada por las presuntas irregularidades cometidas cuando, con el respaldo de la Casa Rosada, era “la gobernadora”, jefa indiscutida de un “gobierno paralelo”. Lo mismo está sucediendo en entidades como el PAMI, un foco de infección tradicional que, por razones no muy claras, siempre ha atraído a personajes inescrupulosos. Mientras tanto, el titular de la Auditoría General de la Nación Ricardo Echegaray –blanco él de muchas denuncias por su conducta como jefe de la AFIP– asegura estar preparando informes críticos sobre lo ocurrido en el curso de los últimos años en distintas reparticiones estatales. Tales novedades no preocuparían demasiado a los kirchneristas si pudieran confiar en la “lealtad” de los jueces, fiscales y otros que, hasta noviembre del año pasado, tendían a darles el beneficio de todas las dudas concebibles, pero sucede que hasta los que se creían comprometidos con el “proyecto” K se han visto afectados por el cambio de clima. Por lo tanto, aun cuando el presidente Macri mismo prefiriera limitarse a criticar las consecuencias nada felices de doce años de populismo, le sería imposible frenar la ofensiva judicial que está por cobrar fuerza sin pagar un costo político muy alto. Estamos acostumbrados a que, conforme a organismos internacionales prestigiosos, la Argentina figure entre los países más corruptos del mundo y parecería que la mayoría quisiera ver debidamente castigados a los ladrones. Así y todo, pocos parecen comprender que, de concretarse el tan postergado operativo “manos limpias”, los miembros más destacados del gobierno anterior, incluyendo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, podrían terminar entre rejas. En Italia, la campaña protagonizada por el fiscal Antonio di Prieto en 1992 destruyó el sistema político largamente dominado por los socialistas de Bettino Craxi, que huyó a Túnez, y los demócratas cristianos, sin que andando el tiempo surgieran agrupaciones menos corruptas capaces de tomar su lugar. De experimentar la Argentina un terremoto político equivalente, los más perjudicados serían a buen seguro los kirchneristas, pero por estar tan atomizada nuestra clase política local podría recomponerse con mayor facilidad que la italiana. Ayudaría el hecho de que entre los líderes peronistas haya algunos, como Sergio Massa, que parecen estar tan resueltos como las macristas Laura Alonso y María Eugenia Vidal o la arquitecta de Cambiemos, Elisa Carrió, a eliminar de cuajo la corrupción. Es probable, pues, que a pesar de la presunta neutralidad de Macri estemos por asistir a una serie de juicios que harán historia, si bien es de esperar que las secuelas sean menos decepcionantes que las que siguieron a la rebelión de los italianos contra un establishment sumamente corrupto, ya que, a la larga, el más beneficiado por lo que sucedió resultó ser el magnate Silvio Berlusconi.


A juzgar por lo que ha dicho, al presidente Mauricio Macri le gustaría mucho más encontrar a un colaborador suyo con las manos en la masa, lo que le brindaría una oportunidad para hacer gala de su firmeza, que encabezar una cruzada contra la corrupción del gobierno anterior, pero los funcionarios kirchneristas acusados de violar la ley se equivocan si lo creen dispuesto a ayudarlos para que no se vean constreñidos a rendir cuentas ante la Justicia. Desde su punto de vista, la voluntad de Macri de permitir que los jueces y fiscales se encarguen de los problemas vinculados con la corrupción es mucho peor de lo que sería una campaña gubernamental moralizadora, ya que no les será tan fácil politizar el asunto a fin de transformarlo en una lucha entre “lo nacional y popular” por un lado y una “oligarquía neoliberal extranjerizante” por el otro. Sin embargo, antes de iniciar su gestión como presidente, Macri dejó saber a su antecesora saliente y a distintos miembros de su entorno que no levantaría un dedo a favor o en contra de ellos porque a su entender le correspondería a la Justicia tener la última palabra. Entendieron muy bien lo que les decía, razón por la que se negaron a participar en el cambio de mando para entonces pasar a “la resistencia”. En la provincia de Buenos Aires y otras jurisdicciones están comenzando a proliferar denuncias de corrupción que darán lugar a causas judiciales, como ya ha sucedido en Jujuy donde la “luchadora social” Milagro Sala no tardó en verse encarcelada por las presuntas irregularidades cometidas cuando, con el respaldo de la Casa Rosada, era “la gobernadora”, jefa indiscutida de un “gobierno paralelo”. Lo mismo está sucediendo en entidades como el PAMI, un foco de infección tradicional que, por razones no muy claras, siempre ha atraído a personajes inescrupulosos. Mientras tanto, el titular de la Auditoría General de la Nación Ricardo Echegaray –blanco él de muchas denuncias por su conducta como jefe de la AFIP– asegura estar preparando informes críticos sobre lo ocurrido en el curso de los últimos años en distintas reparticiones estatales. Tales novedades no preocuparían demasiado a los kirchneristas si pudieran confiar en la “lealtad” de los jueces, fiscales y otros que, hasta noviembre del año pasado, tendían a darles el beneficio de todas las dudas concebibles, pero sucede que hasta los que se creían comprometidos con el “proyecto” K se han visto afectados por el cambio de clima. Por lo tanto, aun cuando el presidente Macri mismo prefiriera limitarse a criticar las consecuencias nada felices de doce años de populismo, le sería imposible frenar la ofensiva judicial que está por cobrar fuerza sin pagar un costo político muy alto. Estamos acostumbrados a que, conforme a organismos internacionales prestigiosos, la Argentina figure entre los países más corruptos del mundo y parecería que la mayoría quisiera ver debidamente castigados a los ladrones. Así y todo, pocos parecen comprender que, de concretarse el tan postergado operativo “manos limpias”, los miembros más destacados del gobierno anterior, incluyendo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, podrían terminar entre rejas. En Italia, la campaña protagonizada por el fiscal Antonio di Prieto en 1992 destruyó el sistema político largamente dominado por los socialistas de Bettino Craxi, que huyó a Túnez, y los demócratas cristianos, sin que andando el tiempo surgieran agrupaciones menos corruptas capaces de tomar su lugar. De experimentar la Argentina un terremoto político equivalente, los más perjudicados serían a buen seguro los kirchneristas, pero por estar tan atomizada nuestra clase política local podría recomponerse con mayor facilidad que la italiana. Ayudaría el hecho de que entre los líderes peronistas haya algunos, como Sergio Massa, que parecen estar tan resueltos como las macristas Laura Alonso y María Eugenia Vidal o la arquitecta de Cambiemos, Elisa Carrió, a eliminar de cuajo la corrupción. Es probable, pues, que a pesar de la presunta neutralidad de Macri estemos por asistir a una serie de juicios que harán historia, si bien es de esperar que las secuelas sean menos decepcionantes que las que siguieron a la rebelión de los italianos contra un establishment sumamente corrupto, ya que, a la larga, el más beneficiado por lo que sucedió resultó ser el magnate Silvio Berlusconi.

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