Corte internacional fallará en un caso por el traslado de presos neuquinos

Se trata de una causa por violación a Derechos Humanos ocurrida en la provincia. Ya se realizó el juicio y se aguarda la sentencia, que podría conllevar una condena al Estado Argentino.



La provincia carece de un comité contra la tortura, cuya función es realizar visitas de inspección a los lugares de detención. Foto Florencia Salto

La provincia carece de un comité contra la tortura, cuya función es realizar visitas de inspección a los lugares de detención. Foto Florencia Salto

Miguel Ángel recuerda que entró a la cárcel con 19 años. Salió con las costillas rotas y la columna desviada. Fue condenado en Neuquén, pero no cumplió la pena en la provincia. Estuvo en Rawson, Buenos Aires y Chaco. “Los traslados se originaban mayormente entre las 4 de la mañana y las 8. Ese era el horario que había. Te enterabas que pasaba un traslado y ya estabas cortando clavos. Tenías que agarrar una gillette y cortarte y tirar sangre para que supieran, dejar secuelas. Dejar rastros de que te llevaron. Venían 5, 6 de la mañana, pum, te metían una bolsa en la cabeza, son como diez monos, todos grandotes. De día viajas, ruta. Siempre vas esposado a los pies del camión”, cuenta hoy, en libertad, y con un certificado de discapacidad.


Su testimonio es parte del caso “López y otros vs. Argentina”, por el que ya se realizó un juicio contra el Estado nacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dictará sentencia. Las víctimas son cuatro personas que fueron en su momento condenadas penalmente por el poder Judicial de Neuquén, pero que se las trasladó a cárceles federales que en algunos casos estaban a 2000 kilómetros de distancia(ver aparte). Esto perjudicó el acceso de los entonces presos a sus abogados, los alejó de sus jueces de Ejecución a cuyas órdenes se encontraban, impidió que se cumpla la función resocializadora de la pena y constituyó una forma de sanción que trascendió al interno, e impactó en sus relaciones afectivas.


La mamá de Miguel Ángel, María Rosa, fue la que más lugares recorrió para verlo. La familia sabe que un preso sin visitas es un cuerpo depreciado y fácil de rapiñar, nadie va a reclamar si algo le pasa. “Era armarme de coraje para entrar a la cárcel, donde me hacían requisa y me dejaban casi desnuda, pero viajaba porque quería verlo y para que vieran que no estaba solo, porque tenía miedo que lo mataran a golpes. Muchas veces lo vi golpeado. Fueron muchos años así fuera de Neuquén”, declaró.


Sólo lo pude ir a ver a Rawson dos o tres veces; a otros lugares no lo pude ver porque eran muy lejos y no tenía medios

declaró María Rosa, la madre de uno de los presos neuquinos

El ingreso a otro penal implica un proceso de adaptación. “Vos zapateas, o te pones a denunciarlos y ellos como represalia, para que no molestes más te trasladan a un lugar que vos ni siquiera sabes, ni lo esperas, en el camino no sabes si volvés. Más que mandarte una carta, llamarte por teléfono, estas a la deriva, a las manos de no se quién. (Tu familia) se entera (dónde estas) por algún detenido solidario. Tenes que rearmarte de vuelta”, afirma Miguel Ángel. Sus ojos saltones se le ponen rojos cuando menciona que no estuvo en el entierro de su hermana, que se suicidó durante su encierro.

El Estado argentino considera que los traslados no violan Derechos Humanos, ya que son procedimientos previstos en el derecho interno y el contacto con las familias está legalmente garantizado. Para los representantes de las víctimas se trata de una forma de desarraigo y un agravamiento de las condiciones de detención de una persona. La sanción solicitada fue que se obligue al país a modificar las leyes de ejecución penal y se establezca la prohibición del traslado a presos. Además contempla una indemnización por los daños y un acto público de reconocimiento de la responsabilidad.


En números

60%
de los presos que estaba en el complejo penitenciario de Senillosa hasta 2017 no era de Neuquén. Hoy llega al 90%

“Hay un desinterés del Estado para con los presos terrible. Incluso en la sociedad, la gente dice: “son presos, cometieron delitos, que se pudran, que se mueran ahí”. Hay mucha gente que dice eso y no tiene vergüenza en decirlo”, asegura Gustavo Vitale, exdefensor oficial penal que participó del juicio junto a su colega, Fernando Diez.

Remarca que el aislamiento no sólo causa sufrimiento, sino que empeora las condiciones materiales de existencia de los detenidos. “Los familiares con sus visitas no sólo apoyan afectivamente al preso, si no que llevan comida, ropa”, agrega Vitale.

Desde que en 2014 Neuquén cuenta con juezas de Ejecución Penal, los condenados cumplen su pena en los establecimientos de la provincia. Sin embargo la situación en las cárceles federales no ha variado. Hoy el 90% de los presos del complejo penitenciario Senillosa no es de Neuquén. Justamente por eso el caso reviste actualidad.

Los traslados históricamente han sido la antesala para el asesinato de internos. En 2008 Argentino Pelozo Iturri viajó desde el penal de Ezeiza a la U9 dónde murió luego de ser torturado. Así lo acreditó el TOF de Neuquén que juzgó el hecho diez años después de ocurrido. En la sentencia se menciona el testimonio de Sergio Delgado, que tenía a cargo el control de la condena de Pelozo. Dijo que se enteró que el detenido había sido trasladado a Neuquén en el mismo momento que le comunicaron que había muerto.

Breve cronología del caso

  • El 15 de octubre de 1998 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió la denuncia en la que se plantea que los presos condenados en la provincia de Neuquén son trasladados a cárceles federales, ubicadas a grandes distancias (entre 800 y 2000 kilómetros), alejándolos de sus familias, de sus defensores y de los jueces a cargo de la ejecución de la pena. Se argumenta que es una práctica sistemática y actual
  • El 5 de enero de 2011 la comisión declaró admisible el caso. Dijo que los traslados constituyeron una violación de los derechos de los detenidos. El 11 de enero de 2018 lo sometió a jurisdicción de la Corte Interamericana
  • En marzo de 2019 fueron los alegatos finales. La Corte definirá si el Estado debe ser declarado responsable

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