Crecen los juicios a contribuyentes

Cada año el gobierno provincial a través de la Fiscalía del Estado inicia un promedio de 500 juicios de apremios en el Juzgado Civil y Comercial de Villa La Angostura contra contribuyentes morosos. Según fuentes judiciales, en este momento hay 2.853 juicios vigentes, y más del 50% del total de juicios registrados desde el 2006, se iniciaron entre el 2014 y 2015.

El contribuyente está obligado a pagar los impuestos, y el gobierno puede intimarlo por una deuda anterior al año en curso. El Estado tiene 5 años para cobrar una deuda, caso contrario, prescribe.

Pero ¿justifica el movimiento de toda la maquinaria judicial con los costos y el uso de recursos que implica, para deudas que a veces apenas superan los 500 pesos? En muchos casos incluso es mayor el monto de las costas que la deuda en sí misma.

¿El objetivo? Supuestamente, concientizar a la gente sobre el pago de los impuestos.

Pero el tema es más complejo.

Suponiendo que el 30% de los morosos “judicializados” queden exceptuados de pagar las costas por acreditar bajos recursos, y que el resto pague el mínimo de honorarios en la primera instancia, el Fiscal del Estado gana (y ganará) en concepto de honorarios al menos unos 4 millones de pesos.

El sentido común indica que primero el Estado debería agotar las vías extrajudiciales. Varios vecinos intimados aseguraron a “Río Negro” que se enteraron de la deuda pendiente por la notificación de la Justicia, sin aviso previo.

No obstante la nueva gestión de la Dirección de Rentas asegura que el año pasado se enviaron notificaciones prejudiciales de deuda y que este año implementan como política enviar entre dos y tres preavisos.

Cómo es el procedimiento

El 31 de octubre de cada año la Dirección de Rentas de la Provincia envía a la Fiscalía del Estado el listado de los contribuyentes a intimar judicialmente para el cobro de impuestos provinciales o multas.

En el juzgado local se tramitan los juicios por deudas de impuesto inmobiliario e ingresos brutos. Los juicios de apremio por sellos o tasas judiciales se inician en la capital neuquina.

El juzgado notifica al deudor del inicio del juicio. Aunque el contribuyente intimado decida pagar la deuda y el juicio no supere la primera instancia, debe afrontar los honorarios de la Fiscalía del Estado, la tasa de justicia (2,5% del monto total de la deuda) y la contribución al colegio de abogados (1%); que entre los tres ítems será de un mínimo aproximado de $ 3.000. De todas maneras, las costas y los honorarios varían según la deuda.

Los honorarios los cobra el Fiscal del Estado Raúl Gaitán y Alejo Bolan Reina, actualmente son de un mínimo de $ 2.400.

En números

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El criterio

puede variar según los casos

Se supone que el Estado tiene un criterio unificado para establecer a quién se debe intimar judicialmente y a quién no.

“Río Negro” consultó a la Fiscalía del Estado y en Rentas de la Provincia, y la conclusión es: aquel que tenga deuda anterior al año en curso puede ser intimado judicialmente. Sobre a quién “le toca” y a “quién no”, nadie supo contestar con certeza. Pero, en base a los juicios iniciados, en teoría Rentas intimaría con un mínimo de deuda de dos años.

Un funcionario vinculado a los juicios de apremios, que prefirió mantener en reserva su nombre, aseguró a “Río Negro” que en diciembre 2015 todo aquel que tenía deuda en 2014 inclusive “se tendría que haber iniciado el juicio”, salvo que haya tenido un juicio anterior muy próximo. En ese caso el Estado espera dos años.

“Se intima

a todo aquel que tenga boletas vencidas”

El Director General de Rentas de la Provincia, Juan Martín Insúa, fue consultado sobre el criterio del Estado para decidir a quién intima judicialmente. El funcionario asumió el 10 de diciembre pasado, por lo cual no estuvo a cargo de las intimaciones judiciales ejecutadas por la fiscalía del Estado antes de esa fecha.

De todas maneras, habló sobre el criterio actual.

P-¿Se intima según los años de deuda a todos por igual?

R-A todo el que tenga boletas vencidas en algún momento le va a llegar la boleta de deuda. El criterio es que una vez por año se revisa lo que está vencido y se manda a fiscalía del Estado. A todos por igual. Por lo general se manda todo para que no prescriba. Es indistinto si es poco o mucho el monto de la deuda.

P-¿Se justifica el gasto de recursos del Estado a través de la vía judicial para deudas muy pequeñas?

R-La idea es tratar de acortar los tiempos. Hemos intimado a personas que tienen uno o dos meses de deuda de 2016 con intimaciones prejudiciales. A partir del 2016 se están agotando todos los medios prejudiciales para que no se llegue a la boleta judicial. Debemos intimar la deuda ya sea de 100 pesos o 500 millones.