Crédito para ex funcionario que debe millones al Estado

NEUQUEN (AN).- A un ex funcionario de Acción Social que rindió mal los gastos durante la gestión de Alejandro Córdoba y que en la actualidad enfrenta juicios de la fiscalía de Estado por más de ocho millones de pesos, el Estado le prestó 200.000 dólares para invertir en San Patricio del Chañar. Su proyecto productivo fracasó en 2003 y ahora no sabe cómo se está devolviendo ese dinero.

Enrique Maffrand, ex director general de Administración de Acción Social, accedió en 1999 a la línea de préstamos que el gobierno de Jorge Sobisch destinó para promocionar viñedos, bodegas y producción de otras frutas en el contexto del denominado proyecto Chañar III Etapa. Pero cuatro años más tarde, según reconoció el propio Maffrand ante una consulta efectuada por este diario, devolvió el crédito y la chacra de diez hectáreas a La Inversora, el grupo de Julio Viola, identificado como Bodegas del Fin del Mundo.

«Compré una chacra en El Chañar y se la devolví junto con el crédito a La Inversora porque no la pude sostener», precisó Maffrand. «No tuve problemas para acceder al crédito y cómo devolvieron (el dinero) no lo sé», añadió.

El caso de Maffrand es el de las chacras «llave en mano», un negocio que hizo el grupo La Inversora en El Chañar con dinero del Estado, a través de créditos otorgados por Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (Iadep). La empresa de Viola tenía las tierras, gestionó créditos y se hizo cargo de la puesta en funcionamiento de las chacras. Buscó clientes y vendió las parcelas, sembradas, con riego y casa para los cuidadores, con los créditos acordados.

Cuando se planteó el debate sobre esta colonización de tierras en El Chañar, las líneas de créditos fueron objetadas hasta por el Banco Central. La oposición llamó en su momento al proyecto «créditos para los amigos del poder», por la proximidad de los beneficiarios con el sobischismo.

Maffrand, que tenía pensado producir duraznos, peras y manzanas en la parcela de diez hectáreas, fue responsable del manejo del dinero en Acción Social durante la gestión de Córdoba, en el último gobierno de Felipe Sapag.

El ex funcionario no pudo justificar gastos antes el Tribunal de Cuentas por más de ocho millones de pesos en el período 1998 y 1999. Ahora la fiscalía de Estado le inició juicios para tratar de recuperar ese dinero. Le trabó embargo sobre sus bienes. Maffrand dice que tiene una vivienda y dos vehículos.

Maffrand, que en la actualidad tiene un cargo en el Concejo Deliberante de Senillosa -está contratado por la presidencia del cuerpo-, dijo en una entrevista que publicó este diario, que es un «perejil» y afirmó que no se quedó con dinero del Estado. Dijo que no pudo justificar los gastos por el incidente ocurrido en diciembre de 2001 cuando un grupo de manifestantes atacó y destruyó los archivos de la subsecretaría de Acción Social.

Según Maffrand, en esa ocasión, los papeles y archivos informático se perdieron. Fueron los días de saqueos en la Argentina y de la caída del poder de Fernando De la Rúa.

Maffrand también enfrentó una causa judicial junto con Córdoba. Ambos ex funcionarios eran investigados por el presunto delito de asociación ilícita junto a otras personas, entre ellas un empresario. La causa, que estuvo en manos del juez Daniel Geloni, pasó archivo porque todos los investigados fueron sobreseídos.