Crítica justa

Cuando de juzgar la conducta de las diversas policías del mundo se trata, la autoridad moral del gobierno estadounidense es escasa debido a la frecuencia de la violencia policial en su propio país, pero esto no quiere decir que los comentarios negativos sobre el desempeño de los agentes argentinos que contiene el informe anual del Departamento de Estado norteamericano no hayan sido más que justificables. Como afirmaron los autores de las páginas dedicadas a nuestro país, aquí los gobiernos se han mostrado generalmente respetuosos de los derechos humanos de la ciudadanía, pero la actuación de la policía ha sido decididamente mala, con «muertes extrajudiciales», tortura, brutalidad, arrestos arbitrarios y el uso de violencia excesiva contra las manifestaciones políticas o gremiales. Si bien los gobernantes mismos han dejado de violar los derechos ajenos, no han podido – acaso por no haberlo querido -, impedir que la policía siguiera comportándose como si el país aún viviera en una dictadura.

Aunque virtualmente todos entienden muy bien que es muy ancha la brecha entre la retórica del gobierno de turno y lo que efectivamente ocurre en las calles y en las comisarías, la voluntad de los dirigentes políticos de obligar a los policías a acatar las reglas civilizadas más básicas es llamativamente débil. Además, todo hace pensar que una parte significante de la clase política nacional ha llegado a la conclusión de que le convendría más congraciarse con los jefes policiales que insistir en el respeto por la ley. En la provincia de Buenos Aires, el gobernador Carlos Ruckauf, personaje que no titubeó en nombrar como jefe de Seguridad a un ex militar que en buena lógica debería estar en la cárcel por haber protagonizado una rebelión armada contra un gobierno democrático, se ha puesto a quejarse nuevamente por la resistencia de los diputados aliancistas a dar todavía más poder a la policía más notoria del país. Como quiera que el presidente Fernando de la Rúa parece resuelto a complacer a Ruckauf, es bien posible que termine consiguiendo lo que ha pedido, lo cual plantearía el riesgo de que se repitan episodios como el supuesto por «la masacre de Ramallo» que fue expresamente mencionado en el informe estadounidense.

Así las cosas, es una suerte que vivamos en un mundo «globalizado» en el que los políticos, sobre todo si están en el gobierno, tienen que preocuparse por las vicisitudes de la imagen nacional. No sólo es cuestión de orgullo, sino también de inversiones. Por razones comprensibles, las grandes empresas multinacionales prefieren a países regidos por la ley en los que es normal que la policía sea respetada, a otros que son anárquicos y cualquiera, incluso el jefe de una empresa importante, podría correr peligro de ser abatido en la calle por un agente prepotente o verse extorsionado por una banda que cuente con la complicidad de policías corruptos. He aquí, pues, un buen motivo por el cual tanto De la Rúa como Ruckauf deberían prestar más atención a los problemas ocasionados por la pavorosa falta de disciplina de tantas reparticiones policiales y por el hecho desgraciado de que algunos policías participan regularmente en crímenes comunes.

Otro defecto que preocupa a los norteamericanos consiste en la condición nada satisfactoria del sistema judicial: como fue señalado en el informe: «es ineficiente, sujeto a influencias políticas y registra enormes retrasos en sus juicios». Aunque nadie desconoce que la Justicia es tal como acaba de decir el Departamento de Estado, parecería que los muchos problemas que esta situación causa a los argentinos no han sido lo suficientemente graves como para poner en marcha una reforma auténtica. ¿Resultará más eficaz la presión supuesta por la difusión del informe estadounidense? Es factible que sí: después de todo, casi todos los avances de los lustros últimos, incluyendo la restauración de la democracia, se han debido en buena medida a la conciencia de que el resto del mundo no tomaría en serio un país reacio a respetar los valores propios de la civilización occidental, de manera que es probable que las críticas por la situación de los derechos humanos también tengan consecuencias positivas.