Cruciani fue a un hospital y no a la celda

MENDOZA (Enviada Especial) – Santiago Cruciani no fue a una celda sino a una habitación del Hospital Militar de esta ciudad porque adujo una indisposición al salir detenido del tribunal donde se negó a declarar sobre la suerte de los detenidos en el campo de concentración «La Escuelita» de Bahía Blanca, donde operó durante la dictadura pasada.

Los jueces del juicio por la verdad, cuya etapa mendocina comenzó el miércoles, dispusieron que Cruciani quedase bajo arresto por tiempo indeterminado hasta que acceda a declarar.

El represor del centro clandestino «La Escuelita» apeló una vez más a su estado de salud para eludir la cárcel. Luego de la sesión del miércoles, Cruciani dijo sufrir un agravamiento del problema pulmonar que lo aqueja y fue derivado al hospital de la calle Boulogne Sur Mer, donde permanecía hasta anoche.

En la tarde de la víspera fue indagado por el juez federal Alfredo Manuel Rodríguez, subrogante de Luis Leiva, en ese centro asistencial, pero no trascendió si se prestó a la requisitoria del magistrado.

Se supo a través de fuentes allegadas al caso es que el sexagenario ex militar presentará en breve un escrito, por que solicitará la anulación de la resolución que lo mantiene privado de la libertad. Si bien no pudo ser confirmado, su representante legal fundamentará el pedido en el delicado estado de salud que presenta desde hace tiempo.

Cruciani fue obligado a comparecer ante el tribunal de la Cámara Federal de Bahía Blanca por su participación en interrogatorios y sesiones de tortura cuando, en su condición de suboficial, estuvo destinado en «La Escuelita».

Pero no asistió y la Cámara decidió trasladarse hasta esta ciudad para cumplimentar el trámite.

Esposado, custodiado por efectivos policiales y en medio de los insultos de ex detenidos y familiares de desaparecidos, Cruciani -también conocido por su alias de «El Tío»- fue llevado inicialmente a la Unidad 32, donde debe cumplir su arresto. Pero unos minutos después se dispuso su internación debido a que por el momento de tensión a que se vio expuesto, presentó una indisposición severa.

El juez ordenaría que los médicos lo sometan hoy a una revisación para que poder decidir si continúa internado o es llevado a una celda del edificio de la avenida Pedro Molina.

Representantes de los organismos de Derechos Humanos y familiares de desaparecidos expresaron su satisfacción por el desarrollo del juicio, aun cuando, como muchos suponían, Cruciani se abstuvo de declarar.

«Naturalmente que la gran expectativa era que hablara, que asumiera su responsabilidad y nos permitiera conocer qué destino tuvieron los detenidos que estuvieron detenidos en Bahía Blanca, pero igualmente nos conforma que se haya demostrado que es posible avanzar en la investigaciones, más allá de las trabas que impusieron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final», dijo Aleida Verhoeven, dirigente de la Asamblea por los Derechos Humanos de esta capital.

La audiencia para conocer el testimonio del militar retirado Santiago Cruciani convocó a familiares de detenidos y a víctimas de la represión ilegal en una sola sala. Muchos no se conocían, pero al comenzar a dialogar sobre el pasadose dieron cuenta que habían estado en la misma habitación, vendados, bajo los mismos tormentos.

«Es una sensación muy dura e inexplicable. Se reaviva esa sensación de desamparos que estuvimos frente al accionar de tanta impunidad», dijo ayer uno de los sobrevivientes de La Escuelita, Pedro Maidana.

La Armada ayudará a que se conozca el destino de los desaparecidos

BUENOS AIRES (Infosic). La Armada Argentina ratificó ayer institucionalmente su subordinación a la Justicia y se comprometió a hacer todo lo que esté a su alcance «en la búsqueda de la verdad», en momentos en que se sustancian juicios para conocer el destino de los desaparecidos y determinar responsabilidades en el robo de bebes durante la última dictadura militar.

«La primera de las instituciones ante la que respetuosamente nos subordinamos es la majestad de la ley», dijo anoche el jefe de la marina de guerra, quien aseguró que el veredicto de los jueces «nunca será motivo de debate alguno» en esa institución castrense.

Hablando de la «búsqueda de la verdad» sobre «un pasado de pasión y violencia», el jefe de la Armada, almirante Joaquín Edgardo Stella, dijo: «depositamos nuestra confianza en la tarea que llevan a cabo los jueces de la Nación, a quienes brindamos nuestro respaldo institucional y personal».

Pero al mismo tiempo, el alto jefe naval sostuvo que «no podemos admitir que sea la Armada la que esté sometida a la sospecha pública, ni que lo estén sus hombres, considerados como un todo colectivo», aunque aclaró que no se van a eludir «responsabilidades que individualmente debamos asumir».

El almirante Stella habló noche ante los editores de diarios nucleados en la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y destinó varios pasajes de su discurso a ratificar el compromiso de la Armada con el sistema democrático y republicano y una «actitud de reconciliación social, de perdón recíproco, que debe desprenderse de toda violencia».

Las palabras del jefe naval seguramente repercutirán en los ámbitos castrenses, políticos y jurídicos, ya que fueron pronunciadas en momentos en que marinos retirados y ex marinos desfilan por los tribunales federales.

En algunos casos, lo hacen como testigos de los «juicios por la verdad» para esclarecer, sin fines punitivos, el destino de los detenidos desaparecidos.

Italia pide el traslado de Suárez Mason

BUENOS AIRES (DyN) – El ex jefe del Primer Cuerpo de Ejército, Carlos Suárez Mason, quien cumple prisión domiciliaria por el robo sistemático de niños nacidos en cautiverio durante la dictadura, se negó ayer a ser trasladado a Italia para declarar ante un tribunal de Roma, por la desaparición de cinco ciudadanos de ese país.

Suárez Mason comunicó personalmente al juez federal porteño, Adolfo Bagnasco, que rehusa ser llevado a Roma para someterse a la justicia italiana.

Bagnasco recibió una solicitud para el «traslado temporario» del ex represor, enviada a los tribunales porteños por la Corte di Assise de Roma, dijeron a DyN fuentes judiciales.

Y dispuso la comparecencia del acusado en el juzgado a su cargo, para notificarlo del pedido y averiguar si aceptaba el requerimiento.

Pero Suárez Mason rechazó el pedido de Italia pese a que meses atrás había dicho públicamente que admitiría ser llevado a Roma.

Para justificar su negativa, Suárez Mason dijo que sabe que entre los casos que investiga la Corte en Roma figura la desaparición del bebé que la ex prisionera Laura Carlotto -asesinada por la dictadura- dio a luz en cautiverio, en 1977.

«Es mi deseo demostrar primeramente en este proceso mi inocencia respecto de la comisión de dicho ilícito, para luego considerar la posibilidad de concurrir por ante la sede judicial italiana», explicó textualmente Suárez Mason, según consta en la declaración a la que pudo acceder esta agencia.