Cruzada «anti-gallega»

La ola antiespañolista desatada a raíz del conflicto en Aerolíneas Argentinas ha sorprendido a la opinión pública española, que la percibe como algo lejano, incomprensible y pintoresco. España es la décima potencia industrial del mundo y el sexto país por el volumen de sus inversiones en el extranjero. Sin embargo no tiene conciencia de ello. En el contexto europeo todavía es considerado un país medio, con regiones muy pobres. Aún recibe «fondos estructurales» y «fondos de cohesión» de la Unión Europea, ayudas que bordearán los 50.000 millones de dólares en el próximo lustro. El PBI per cápita, que era del 71,1% del promedio de los Quince, cuando en 1986 se incorporó a la UE, en la actualidad supone casi el 82%. El temor a perder los fondos de ayuda por la ampliación de la Unión Europea ha desatado estos días una agria polémica con Alemania, país que ha señalado la contradicción que supone que por una parte España haga esfuerzos para incorporarse al G-8 y al mismo tiempo continúe reclamando fondos de ayuda comunitarios. Por consiguiente, si en el imaginario de algunos argentinos España ha comenzado a ser demonizada como nueva potencia neoimperialista, el hecho no puede menos que provocar, entre los españoles, incredulidad y en ocasiones hilaridad.

Lo mejor que podrían hacer aquellos que ahora pregonan el boicot a las empresas españolas es dirigir sus energías a pensar. En primer lugar a recordar qué posición política adoptaron cuando se inició la moda privatizadora de empresas públicas argentinas. En dónde pusieron sus votos en 1995, encantados con las decisiones de aquel «gran transgresor» que colocaba a la Argentina entre las potencias del Primer Mundo. En segundo lugar a estudiar por qué España, un país medio, ha venido creciendo en estos últimos años a buen ritmo, alcanzando una envidiable situación que le permite tener operando en América Latina una docena de multinacionales que cotizan en Wall Street. Las empresas españolas han invertido en la Argentina más de 40.000 millones de dólares en inversiones que se pueden considerar directas, de riesgo y que hoy dan empleo a unas 70.000 personas. Si esas empresas, situadas básicamente en el sector servicios, operan con tarifas indexadas al dólar, o han capturado una importante porción del mercado en régimen de oligopolio, la responsabilidad es exclusivamente de los gestores públicos argentinos. Toda otra atribución de responsabilidad es utilizar chivos expiatorios extranjeros para eludir un sano y conveniente ejercicio de autocrítica. Una sempiterna costumbre argentina de endilgar a ingleses, norteamericanos y ahora a los españoles, la responsabilidad de los propios fracasos.

Si hiciéramos un rápido estudio comparativo entre la Argentina y España e intentáramos espigar entre el complejo conjunto de circunstancias que confluyen para que la distancia entre ambos países sea cada vez mayor, podríamos elegir un par de causas. En primer lugar, la búsqueda de la eficiencia. España, incentivada por su deseo de lograr su plena integración en Europa, ha venido haciendo sistemáticos esfuerzos para mejorar sus servicios públicos, en especial su estructura educativa; en conseguir mejorar la calidad de su producción industrial y, finalmente, en alcanzar la mayor eficiencia posible en el funcionamiento de la administración pública. Los españoles han tomado buena nota de las recomendaciones de Ortega y Gasset en la «España invertebrada» y hoy la mayoría de los funcionarios en puestos de responsabilidad en la administración pública, lo son luego de superar unas duras pruebas de aptitud. De esta manera se ha conseguido separar el gobierno (político) de la administración, eliminando el viejo Estado clientelista.

Otra causa de la distancia creciente entre la Argentina y España es de naturaleza política. La podríamos reducir a afirmar que en España no se impuso el fundamentalismo neoliberalismo, al menos en la forma que lo consiguió en la Argentina. Los partidos políticos de centro-derecha, que de algún modo se pueden considerar herederos de las tradiciones franquistas, como el PP, han conservado una cultura «intervencionista». De allí que las medidas más liberales hayan sido introducidas por los sucesivos gobiernos socialistas de Felipe González. Esta circunstancia ha favorecido a que los procesos de privatización no se convirtieran en procesos de «desnacionalización» y que un sano pragmatismo presidiera las decisiones económicas. El Estado mantuvo una cierta dirección en los procesos de privatización, consiguiendo la conformación de grupos empresariales nacionales fuertes, que dieron lugar al nacimiento de las actuales multinacionales españolas que operan en América Latina. El gobierno español ha impedido, con éxito, la presencia de empresas públicas alemanas o francesas en los procesos de privatización de empresas públicas españolas.

La Argentina debe abordar la solución de sus graves problemas, evitando que la frustración generada por los fracasos de unas políticas económicas desacertadas se vuelque en odio hacia lo extranjero. Los argentinos deben construir de una buena vez un Estado eficiente, que suministre buenos servicios de educación, salud y justicia y recaude correctamente los impuestos directos. Deben administrar con responsabilidad su propia moneda, abandonando las muletas distorsivas que generan depresión y desempleo. Deben romper con la enfermiza dependencia al capital financiero internacional. En definitiva, como hace ya tantos años aconsejó el propio Ortega, los argentinos deben volcarse, decididamente, «a sus cosas».