Cuestión de imagen



El poder de policía municipal, en cualquier área que se lo escrute, se ve menguado por la progresiva desactualización de su estructura y por años de ejercicio que, de tan laxo, restaron autoridad a los cuerpos de inspectores y a sus jefes políticos.

La peor situación se registra en el plano turístico, donde interviene un tercer factor que potencia las carencias de fiscalización hasta el límite de la parálisis. Esta tercera causa, irrebatible incluso para el sector privado, es el fantasma de la “mala imagen”.

La superposición de jurisdicciones que atraviesa la intrincada cadena del negocio turístico, de por sí, deja al Estado municipal con un escaso margen de acción para regular los servicios que prestan en Bariloche las operadoras radicadas en otras ciudades.

Pero el temor al descrédito produce una extraña alquimia, que -en el imaginario de muchos funcionarios- convierte al municipio en co-responsable y garante de las prestaciones turísticas que venden empresas de dudosa laya.

El propio secretario del sector, Hugo Cejas, reconoció que “con el turista en destino, nunca se aplica una sanción que obligue a la empresa a responder”.

La justificación de esta concepción política fue resumida en una pregunta: “si clausuramos un hotel y dejamos a los pasajeros en la calle, después ¿que foto le ponemos al espectáculo?”.

Es precisamente por este convencimiento que el último conflicto registrado con la principal operadora de turismo estudiantil de la ciudad puso en vilo a la totalidad del gabinete municipal y hasta vapuleó la imagen del intendente Alberto Icare.

En la desesperación por evitar un nuevo escándalo nacional, Icare terminó oficiando de mediador entre la empresa y sus proveedores -por caso la Cooperativa de Electricidad Bariloche- para garantizar la prestación de servicios a los estudiantes que se encontraban en la ciudad.

El escándalo de principio de mes demostró que de nada sirve tratar de “tapar el sol con las manos”. Ninguno de los esfuerzos realizados por el municipio impidió que la noticia de “mil estudiantes sin servicios” y las fotos de los jóvenes tirados en el suelo, en medio de la mugre, repercutieran a nivel nacional asociadas a la “marca Bariloche” antes que a la de “Río de la Plata”.

Mientras tanto, la empresa continuó operando sin pagar los salarios a su personal ni garantizar las prestaciones a sus pasajeros y, apenas un par de días después del escándalo, contó con los buenos oficios del municipio para subsanar el corte de luz que afectaba a sus principales hoteles.

Un argumento similar se esgrimió a mediados de este año para posponer la clausura de otro hotel -que finalmente no se concretó- porque ponía en riesgo la atención de pasajeros en plena temporada invernal. Y es que el convencimiento de que “lo único valioso que tenés es una cuestión de imagen”, que justifica las carencias de la fiscalización turística del municipio, no es nueva.

Lo irónico de esta concepción es que la política de no sancionar para evitar que “pague el pasajero”, permitió la proliferación de operadores turísticos sin garantías que terminan perjudicando a sus clientes y lesionando en mayor medida la “marca Bariloche”.

Marcela Verdún


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