Teatristas de Argentina se plantan frente al decreto de Milei para desmantelar el Intituto Nacional del Teatro
El presidente de la Nación dispuso quitarle la autarquía al organismo nacional, le quita la representación de las provincias en la toma de decisiones y lo deja bajo la órbita de la secretaría de Cultural. La Asamblea Nacional del Teatro se manifestó en contra y anunció que ya se están presentando amparos judiciales. "Acata no solo al teatro, sino también a la cultural y las identidades de los pueblos"
Luego de que se conociera el decreto 345/25 del presidente de la Nación, Javier Milei que quita la autarquía al Instituto Nacional del Teatro, desde la Asamblea Federal salieron a repudiar y explicar todo lo que esa disposición pone en riesgo y el daño que le ocasiona al teatro independiente argentino, en particular y a la cultura en general. Ya se presentaron amparos judiciales y convocaron a diputados y senadores nacionales para que pronuncien públicamente al respecto.
«Esta reforma no se limita a un ajuste administrativo: desmantela una estructura participativa y
federal que durante casi tres décadas sostuvo al teatro independiente argentino», sostuvieron los miembros de la Asamblea, en un comunicado.
En líneas generales, el decreto elimina el Consejo de Dirección, organismo que tomaba decisiones con la participación de todas las regiones del país. Es decir, desaparecen las representaciones provinciales, dejando al Instituto Nacional del Teatro como una dependencia más de la secretaría de Cultura. Esto podría llevar a afectar seriamente a las salas independientes y a los colectivos culturales de toda Argentina.
«El decreto vacía una política pública que ha sido fundamental para el desarrollo del teatro como expresión cultural, democrática y federal. Eliminar el Consejo de Dirección, dejando de ser quien toma las decisiones de todo el páis para pasar a ser un mero espacio de asesoría ad honorem, disolver las representaciones provinciales y del quehacer teatral y transformar al Instituto en una simple unidad organizativa, dentro de la secretaría de Cultura, significa centralizar decisiones, desconocer el trabajo que se realiza en los territorios y que responden a las necesidades de las comunidades, debilitar el trabajo de los artistas y gestores y romper con una forma de organización que garantiza equidad, diversidad y acceso a los derechos culturales de todo el país», aseguraron desde la Asamblea.
Los «asambleístas» aseguraron que esta nueva disposición de Milei desmantelará programas estratégicos vincultados a la formación de artistas, a la las políticas de género y diversidad, a la producción editorial y a la representación internacional que «durante años construyeron una cultura plural, inclusiva y profundamente arraigada en los territorios».
Los artistas consideraron que no existe razón técnica, ni presupuestaria ni administrativa que avale las modificaciones impuestas por este decreto. Esto se fundamenta en una verdad absoluta: EL INT no depende de fondos del Tesoro Nacional ni de aportes directos de la población. Se autofinancia con recursos propios, de los cuales un 10% son sobre la publicidad en medios (Ente Nacional de Comunicación) y el 31% proviene del impuesto a premios de juego, de los cuales un 95% del total con aportados por el Encom.

«Aunque su presupuesto representa apenas el 0,2% del total nacional, el sector cultural genera un valor agregado del 1,8% anual. Solo en 2023, el Instituto aprobó 1.475 aportes por más de 682 millones de pesos, alcanzando a más de 47 mil trabajadores y trabajadoras registradas y beneficiando a 240 localidades de todo el país con funciones, festivales, giras, capacitaciones, publicaciones y redes de acción territorial», detallaron.
La cultura de pie y en lucha
Desde la Asamblea Federal del Teatro anunciaron que se están presentando amparos judiciales y convocaron a diputados y senadores nacionales que se manifiesten en contra de este decreto, «entendiendo que un instrumento del poder Ejecutivo no puede modificar una ley nacional vigente: la 24.800 de 1997.
«Frente a este atropello, llamamos a la movilización y a la organización colectiva. Las asambleas
abiertas se multiplican en espacios culturales de todo el país, impulsadas por una palabra que
hoy nos une: resistencia. Porque lo que está en juego no es solo un organismo, es una concepción de la cultura como derecho y no como gasto. Y es clave señalar que esta Ley no existe solo para quienes hacemos teatro, es una herramienta para el público argentino, porque garantiza el acceso a una política cultural que promueve la creación, circulación y democratización del hecho teatral en todo el territorio», agregaron desde la Asamblea
Sus integrantes están además, sostiniendo encuentros y actos públicos en defensa del teatro independiente y de todas las expresiones culturales «que conforman la identidad de nuestro pueblo.
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