De Justicia corporativa a partidaria
JESÚS ESCOBAR (*)
En nuestro país, seguramente no existe ningún ciudadano que no pretenda una real “democratización de la Justicia”. La alusión a la democratización y la carga que esa palabra conlleva genera grandes expectativas porque alude a elección y a libertad y por lo tanto, rápidamente, se asume como indiscutida e inobjetable. Pero en este caso particular que se discute hoy lejos estamos de esta sensación satisfactoria. Detrás del lema “democratización de la Justicia” nos quieren imponer una Justicia adicta al Poder Ejecutivo de turno y el kirchnerismo quiere ser el primero en inaugurar los cargos. Apura la ley de reforma del Consejo de la Magistratura que, tal parece, va a ser aprobada sin ningún tipo de discusión legislativa. Todo esto para celebrar la primera elección de consejeros en las próximas elecciones legislativas. Modalidad de elección Todos sabemos que la lista sábana a la hora de elegir nuestros representantes ha tenido diversos reproches, ya que no se logran distinguir las distintas elecciones que estamos haciendo en una sola boleta. Esto lo vemos en las elecciones presidenciales y legislativas. El candidato presidencial que resulte ganador tracciona toda la lista sábana de legisladores, obteniendo la mayor cantidad de votos en los cargos legislativos. Y hoy, a esto se le quiere sumar el Consejo de la Magistratura. El artículo 4 del dictamen de comisiones del Senado de la Nación establece que los candidatos académicos al Consejo de la Magistratura, abogados y jueces irán en las boletas de los partidos políticos que se presenten a las elecciones presidenciales, al costado de los candidatos legislativos (cabe aclarar que el Poder Ejecutivo no pone a consideración de la ciudadanía a su candidato). Asimismo, la elección de estos candidatos a consejeros no se resuelve por el sistema d’hont, sino que se reparten los cargos entre la lista ganadora y la primera minoría. Esto, indudablemente, posiciona a las fuerzas políticas más grandes, alejando toda posibilidad a aquellos partidos políticos más pequeños de introducir un consejero. Así, la ecuación es perfecta. De los 19 representantes, 11 corresponderán necesariamente al oficialismo de turno (uno designado por el Poder Ejecutivo, ocho por haber obtenido la mayoría de los votos a consejeros en las elecciones presidenciales y dos por tener la mayoría en el Congreso). Los otros ocho, necesariamente, van a ser del partido que le siguió en el orden de votos, monopolizándose así entre las dos fuerzas políticas más grandes el Consejo de la Magistratura. Identificación de los jueces Otro análisis merece la identificación de los jueces candidatos a consejeros con partidos políticos. Los jueces no pueden estar afiliados a partidos políticos (artículo 24 inc. d de la ley orgánica de los partidos políticos), pero con esta reforma se identificarán necesariamente con una fuerza política. En síntesis, ya no habrá más –por definición– Justicia independiente, sino “Justicia partidaria”. Asimismo, es claro el actual artículo 33 de la mencionada ley 23298, al decir: “No podrán ser precandidatos en elecciones primarias ni candidatos en elecciones generales a cargos públicos electivos nacionales, ni ser designados para ejercer cargos partidarios: d) Los magistrados y funcionarios permanentes del Poder Judicial nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tribunales de faltas municipales”. Manejo total del Poder Ejecutivo Otra reforma importante que se busca aprobar es la administración de los recursos del Poder Judicial, que hoy está en cabeza de la Corte Suprema de Justicia y pasará al Consejo de la Magistratura. Las subrogancias de los jueces, que hoy están en cabeza de las Cámaras de los fueros, las remuneraciones de empleados, funcionarios y magistrados, la cobertura de cargos, redistribución, traslado de agentes y superintendencia general de los órganos judiciales van a estar a cargo del Consejo de la Magistratura. Así, todo el Poder Judicial se manejará a través de un órgano totalmente dependiente del Poder Ejecutivo. Ya no podremos decir que el Estado está compuesto por tres poderes, porque en los hechos, lamentablemente, uno quedará anulado y totalmente absorbido por el presidente de turno. Nada más alejado de una verdadera democratización la Justicia. (*) Diputado. Movimiento Libres del Sur. Neuquén
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