Gustavo Gómez, fiscal: “Necesitamos una figura penal para castigar los ecocidios”

Pregunta: Usted ha sido bastante crítico de cómo se ha tratado desde lo legal la situación en Corrientes…

Respuesta: Hay una repetición de situaciones en distintos lugares. Se habla como si fuera algo reciente, y el fuego comenzó en diciembre. Es evidente que en todo este tiempo hubo falta de atención sobre lo que estaba ocurriendo y sólo cuando todo llega al nivel de las imágenes dantescas que vemos, hay atención de los medios y de los políticos de turno. Mi mensaje fue en el sentido de que oficialismo y oposición, que tienen representación en el Congreso, deberían trabajar para que la ciudadanía y la Justicia tengamos los instrumentos necesarios para que esto no se repita y los hechos no queden impunes…

P: O si se procesa a alguien se saldan con una multa irrisoria que se diluye en el tiempo…

R: Exacto. Y no sólo quedan estos hechos impunes sino que además, la pena pasa por un delito menor teniendo en cuenta el daño que causa, y siempre paga un perejil. Si tuviésemos un tipo penal, como por ejemplo la “malversación de fondos destinados a la protección ambiental”, deberían responder quienes manejan los fondos. Si hubiera un tipo penal para funcionarios que autorizan cultivos como los arroceros o la plantación de eucaliptus, que consumen muchísima agua, sin estudios de impacto ambiental, uno podría perseguir a quienes por interés económico miran para el costado.

P: Usted habla de la figura de “ecocidio”. ¿Podría definirlo y qué implicancia tiene?

R: Es una figura que comienza a utilizarse allá en 2005, una abogada británica llamada Polly Higgins, que falleció hace un año. Es la misma historia que recorre la palabra genocidio, que fue primero un concepto técnico- político, pero luego adquiere la categoría de un término jurídico, que es el daño realmente importante al medio ambiente, de difícil recuperación. Necesariamente tiene que estar en referencia al ser humano, pero puede haber ecocidio sin pérdidas de vidas humanas y configurarse igual. Muchos Estados han propuesto incorporarlo al Tratado de Roma, que ha sido suscripto por Argentina, que crea la Corte Penal Internacional .

P: ¿Qué delitos podrían ser punibles con la figura de ecocidio?

R: Lo que yo propongo es evitar hacer un parche en la legislación, hay que hacer una ley especial de delitos ambientales que prevea dos aspectos importante: por un lado una colección de tipos penales y por otro el procedimiento penal para poder investigarlos. No es lo mismo investigar un delito común que investigar un delito ambiental, que tiene características muy diferentes : las pericias , por ejemplo, requieren técnicas específicas muy distintas a las que se requieren para investigar un homicidio, por ejemplo. Esa ley de delitos ambientales no debería muy original: ya tenemos leyes especiales para investigar delitos complejos, como la Ley de Narcotráfico o la Penal Tributaria, que atacan determinados grupos de delitos, los desarrollan, los tipifican y además le dan un procedimiento penal que en ambos casos es federal. Yo creo que los delitos ambientales deben ser federales, porque hay tratados internacionales que hacen a la responsabilidad de nuestro país y también para que no queden teñidos por los intereses provinciales.

P: Hubo en el Congreso un proyecto de Ley de Humedales…

R: Parte del ambientalismo asegura que lo de Corrientes no ocurriría si hubiera Ley de Humedales. No me parece cierto, tenemos leyes como la de Glaciares y Bosques Nativos, que son muy importantes y establecen buenos principios, pero casi nadie las cumple, porque no hay un tipo penal que castigue ese incumplimiento. Si yo saco una Ley de Humedales y no saco un capítulo penal que castigue su incumplimiento, va a pasar lo mismo. Hoy siguen arrasando el impenetrable chaqueño para plantar soja a pesar de la Ley de Bosques Nativos. No podemos seguir repartiendo culpas entre jurisdicciones sobre qué se hizo o no, o a quién le corresponde la responsabilidad. Es una discusión política que no ayuda en nada. Sentémonos y hagamos una ley que prevea estos tipos delictuales donde los empresarios e intereses económicos que provocan estas explotaciones desmedidas tengan un límite penal, como pasa con la minería contaminante.