Represas: un federalismo concertado que respete la propiedad provincial de los recursos
Nuestro recurso, el agua, sirve para generar el 41% de la energía hidroeléctrica del país. No pretendemos perjudicar a nadie, simplemente pedimos un trato justo, hacer uso de nuestras facultades y reafirmar nuestra autonomía
Este año vencen las concesiones de las represas ubicadas sobre los ríos Limay y Neuquén y recientemente el Gobierno Nacional parece haber tomado en “solitario” la decisión de traspasar su manejo a la empresa estatal Enarsa (Energía Argentina SA).
Recordemos que los objetivos para los cuales fueron construidas estas represas se podrían resumir en tres principales: controlar los cauces para evitar las inundaciones periódicas, disponer de esos caudales para sostener y ampliar las áreas bajo riego, y generar energía a través del turbinado del agua.
Como se puede ver el recurso imprescindible que le da sentido a la función de las represas es el agua, por lo tanto, para decidir quien administrará esas represas o quien quedará a cargo de la generación de energía, debemos considerar la cuestión de quien tiene el dominio del “recurso agua”.
El marco legal
Esta resolución inconsulta ignoraría por completo lo aprobado en mayoría por la Legislatura de Río Negro y el Parlamento Patagónico. Además, desconoce el Acta Acuerdo firmado entre ambos gobiernos provinciales en 2021, que apunta hacia una administración tripartita de las hidroeléctricas. Pero, fundamentalmente viola el principio de federalismo dispuesto en los artículos 41, 121 y 124 de la Constitución Nacional.
Concretamente, así lo dispone el artículo 124 de la CN que establece: “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.”
Se desprende de este apartado de la CN que el agua es un bien provincial, al igual que sus múltiples aprovechamientos. Por lo tanto, los Estados Provinciales deben tener un carácter protagónico en torno a las decisiones sobre el futuro de sus recursos, fundamentalmente de uno tan estratégico como lo es la energía hidroeléctrica.
Y aunque Nación podría atribuirse la facultad del manejo de las represas -en defensa del Sistema Eléctrico Nacional-, encuentra limitaciones en la administración de las centrales por parte de los Estados Provinciales. Así lo dispone el artículo 121, por el cual la Nación no puede avasallar el poder originario que conservan las provincias, como entidades que anteceden a la creación del Estado Nacional.
Por su parte la Constitución Provincial de Río Negro establece en el art. 70 que: “La Provincia tiene la propiedad originaria de los recursos naturales existentes en el territorio, su subsuelo, espacio aéreo y mar adyacente a sus costas, y la ejercita con las particularidades que establece para cada uno. La ley preserva su conservación y aprovechamiento racional e integral, por sí o mediante acuerdo con la Nación, con otras provincias o con terceros, preferentemente en la zona de origen. La Nación no puede disponer de los recursos naturales de la Provincia, sin previo acuerdo mediante leyes convenio que contemplen el uso racional del mismo, las necesidades locales y la preservación del recurso y de la ecología”.
En cuanto al régimen de Aguas, el Artículo 71 establece que: “Son de dominio del Estado las aguas públicas ubicadas en su jurisdicción, que tengan o adquieran aptitud para satisfacer usos de interés general. El uso y goce de éstas debe ser otorgado por autoridad competente. El código de aguas regla el gobierno, administración, manejo unificado e integral del recurso, la participación directa de los interesados y el fomento de aquellos emprendimientos y actividades calificados como interés social. La Provincia concerta con las restantes jurisdicciones el uso y aprovechamiento de las cuencas hídricas comunes.
Un recurso provincial
Nuestro recurso agua, el cual compartimos con la provincia de Neuquén, sirve para generar el 41.1% de la energía hidroeléctrica del país, por lo que su impacto es fundamental para el desarrollo de los argentinos. No pretendemos perjudicar a nadie, simplemente pedimos un trato justo, hacer uso de nuestras facultades, reafirmar nuestra autonomía y darle a los rionegrinos lo que es de los rionegrinos.
Por todo esto, seguimos reafirmando que necesitamos emprender un diálogo en búsqueda de consenso, esperamos que el Gobierno Nacional tome conciencia de que están en juego nuestros principios fundamentales. Este tipo de resoluciones no pueden ser tomadas en solitario y sin el aval de sus “dueños originarios”.
La solución a esta controversia debe ser dada en el marco de un Federalismo de concertación con criterio de convivencia interjurisdiccional expresado en una mesa tripartita donde Río Negro, Neuquén y Gobierno Nacional funcionen como un sistema articulado donde desde estos diferentes niveles se desarrolle un proceso político concertado, flexible, abierto y democrático.
* Diputado nacional por Juntos Somos Río Negro. Presidente del Interbloque “Provincias Unidas”.
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